El Ayuntamiento de Granada pondrá al día la deuda con sus proveedores tras acogerse al decreto de pago a proveedores del Gobierno Central.
El consistorio de la capital ha remitido al Ministerio de Hacienda un total de 3.730 facturas que se adeudan a 672 proveedores por valor de 107 millones de euros.
Se trata de obligaciones de pago pendientes por servicios y obras desde abril de 2008, incluida la deuda con Inagra que es la más gravosa para el ayuntamiento.
El concejal de Economía niega que vaya a haber despidos de trabajadores públicos a consecuencia del plan de ajuste que el Gobierno le obliga a realizar para poder acogerse al Decreto.
Francisco Ledesma ntiza que la reordenación del consistorio, con la eliminación de organismos autónomos que se está realizando en la actualidad, es suficiente para garantizar el futro de los servicios públicos de la capital.
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La deuda total del Ayuntamiento de Granada asciende a 255 millones de euros. A los bancos se les deben 148 millones (42 a corto plazo y 106 a largo plazo). A los proveedores se adeudan 107 millones de euros. Ésta es la cantidad que se ha enviado al Ministerio de Hacienda.
Respecto a los prioridades de pago, Ledesma aclara que el Ayuntamiento no tiene nada ver con las posibles quitas que las empresas quieran hacer para cobrar más rápido. El concejal de Economía confirma que se pagará a medianas y grandes empresas porque las deudas con las Pymes las da por abonadas con el crédito del ICO de 13 millones de euros, al que se acogió el Ayuntamiento en octubre pasado.
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Granada es la segunda capital andaluza, detrás de Jaén, que mayor deuda acumula con los proveedores. El Ayuntamiento tendrá que devolver los 107 millones de euros en un plazo de 10 años, con un interés del 5%.
Los dos primeros años se pagarán 5 millones en concepto de intereses y los 8 años restantes habrá que abonar 16 millones cada año.
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Los grupos políticos de la oposición advierten de las consecuencias que va a tener el decreto de pago a proveedores del Gobierno. El PSOE está convencido que va a haber despidos y subidas de impuestos municipales.
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IU alerta de la imposibilidad de realizar inversiones durante los 10 años que van a ser necesarios para devolver los 107 millones de euros facilitados por el Gobierno.
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