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El pleno de Armilla se podrá grabar, según una decisión judicial provisional
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha suspendido cautelarmente la decisión del equipo de gobierno de Armilla (PP-IDEA) de prohibir el uso de grabadores y otros medios de reproducción de la imagen y el sonido de los plenos del Ayuntamiento, así como la difusión de las mismas.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado atiende así la petición del grupo municipal socialista, que presentó un recurso contencioso administrativo contra este decreto municipal, dictado el pasado mes de febrero.
El Juzgado argumenta su decisión, contra la que cabe recurso de apelación, en que en caso de seguir ejecutándose la resolución recurrida se podría “obstaculizar o dificultar” el derecho fundamental a la información en el futuro, “en principio sin un límite temporal definido, pues afectaría indiscriminadamente a todos los plenos municipales, que por naturaleza son actos públicos”.
Y el Ayuntamiento, agrega el auto, “no ha justificado” el estado de la tramitación del reglamento orgánico municipal en el que prevé la futura regulación del uso de los medios de grabación que prohíbe.
El Juzgado entiende que “tampoco la suspensión ocasiona graves perjuicios al interés público”, pues existen en el ordenamiento jurídico “medios eficaces para proteger los intereses que persigue la administración, sobre todo en materia de protección y difusión de datos, sin que sea en principio preciso utilizar una prohibición general”.
Por todo ello, acuerda la suspensión cautelar del decreto y ordena que esta medida se mantenga hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso o hasta que éste finalice por cualquiera otra de las causas previstas en la ley, “y sin perjuicio de su modificación o revocación si cambiaran las circunstancias tenidas en cuenta en esta resolución”.
El decreto municipal fue denunciado por una plataforma por la vía de lo penal, aunque en el asunto fue archivado, decisión judicial que para el alcalde de Armilla, Antonio Ayllón (PP), evidenciaba que el Ayuntamiento no pretendía “obstruir” el funcionamiento democrático de la institución, sino evitar que los concejales violen la “ética política” dedicándose a grabar los plenos en lugar de a defender los intereses ciudadanos, según manifestó entonces.
REDACCIÓN / AGENCIAS
