El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en pleno el plan de ajuste que le exige el Gobierno para poder acogerse al decreto de pago a proveedores. Un crédito que el consistorio tendrá que devolver en 10 años para poder pagar los 107 millones de euros que debe en facturas a centenares de empresas. El equipo de gobierno del PP defiende el plan, asegurando que no se va a despedir a ninguno de los 2130 trabajadores municipales.
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PSOE y UPYD se han abstenido, e IU ha votado en contra, porque consideran que el plan se traducirá en subida de impuestos y desmantelamiento de los servicios públicos. Los grupos de la oposición culpan a los 9 años de Torres Hurtado del agujero económico del Ayuntamiento que ahora obliga a hipotecarse durante la próxima década.
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El PP sigue adelante con la peatonalización de la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes, tal y como está ahora. Al pleno ha asistido un grupo de vecinos de avanzada edad que han interrumpido varias veces el debate político. Ha habido varios amagos de desalojo; una mujer se ha desvanecido y la policía local se ha puesto especialmente nerviosa, e incluso, ha reprochado a la prensa que se hicieran fotos.
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La tensión y la bronca ha sido la tónica general del pleno. Ha habido constantes alusiones a la huelga general, la reforma laboral y los resultados de las elecciones andaluzas. El momento más tenso lo ha protagonizado el concejal de Economía, a propósito de la moción de IU para que se anule la exención a la Iglesia y esta pague IBI. El alcalde ha llamado al orden a su propio concejal.
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