Piden multa a un empresario por injuriar al exdelegado de Medio Ambiente

La Fiscalía de Granada ha solicitado hoy en sus conclusiones definitivas una multa de 7.200 euros (12 meses con una cuota diaria de 20 euros) para Rafael Aibar por supuestas injurias al exdelegado de Medio Ambiente de la Junta Gerardo Sánchez, que está acusado a su vez por este mismo empresario.

Tanto Aibar como Sánchez se han sentado hoy en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de Granada, en un juicio que ha quedado visto para sentencia y que finalmente ha podido celebrarse tras varias suspensiones anteriores.

Ambos se enfrentan a diferentes peticiones de multas e indemnizaciones, por un cruce de denuncias originado después de que Aibar acusara a Sánchez, también exalcalde de Armilla (Granada) y actual diputado provincial, del presunto desvío de fondos públicos en el Parque Natural de Castril, un proceso archivado ya por la Audiencia.

Según han informado a Efe fuentes del caso, la Fiscalía no ejerce acusación alguna contra Sánchez, pero sí pide para Aibar una multa de 7.200 euros al considerar acreditado que, al hacer diversas manifestaciones recogidas en prensa, injurió al exdelegado de la Junta.

En el caso también están personados la Junta de Andalucía, que representa a Sánchez en su condición de delegado provincial cuando tuvieron lugar los hechos y que mantiene la misma petición que el Misterio Fiscal para Aibar, y tres periódicos a los que Sánchez considera responsables civiles subsidiarios por recoger las declaraciones.

Durante la vista, tanto Aibar como Sánchez han negado las imputaciones que le atribuyen cada una de las partes y han negado en concreto que tuvieran intención alguna de injuriar.

En declaraciones a Efe, Aibar ha cuestionado la actitud mostrada por la jueza al no permitirle renunciar al abogado de oficio que le representa y por considerar a su juicio que no se entre a valorar la “no ejecución” de los proyectos que fueron objeto de los fondos.

Por su parte, Sánchez ha mostrado su confianza en la Justicia y su satisfacción por la celebración de un juicio que, ante los numerosos retrasos que ha tenido, ya le ha supuesto “una pena de banquillo” de hasta seis años con repercusiones personales y políticas.

De hecho, la UPyD decidió apoyar en el Gobierno municipal en Armilla al PP y no al PSOE, pese a que la formación socialista fue la más votada, precisamente por su imputación en este proceso, lo que llevó a la alcaldía tras las últimas elecciones municipales al popular Antonio Ayllón.