El portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha augurado hoy nuevos recortes en la asistencia sanitaria tras el copago farmacéutico, que califica de “impuesto” al trabajo, y ha reprochado al Gobierno que no atienda un plan de su partido para ahorrar 6.500 millones.
Martínez Olmos ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que haya consumado un conjunto de decisiones que “no garantiza” la sostenibilidad de la sanidad pública y que haya ignorado el plan de ahorro de los socialistas.
El PSOE considera que las medidas adoptadas por la ministra de Sanidad, Ana Mato, generan “desigualdad” y harán “más vulnerable” a la sociedad española, especialmente a los pensionistas.
Ha subrayado que España puede afrontar el gasto medio sanitario por ciudadano, estimado en 1.400 euros anuales, con un cambio en la gestión que no afecte al bolsillo de los ciudadanos.
“El PSOE ha propuesto varias medidas capaces de ahorrar 6.500 millones de euros sin afectar al servicio sanitario, pero el Gobierno no ha querido un diálogo previo, ayer convocó a las comunidades autónomas para firmar un autopacto”, ha subrayado Martínez Olmos.
Ha asegurado además que la reforma no servirá para ahorrar los 7.000 millones necesarios, por lo que ha augurado nuevas medidas que afectarán al personal sanitario y a algunos servicios que dejarán de ser gratuitos, como ha ocurrido con el transporte en ambulancia en diferentes tipos de asistencia hospitalaria.
El PSOE ha propuesto otras opciones para el ahorro en Sanidad como la subasta de fármacos en todo el país, exportando el modelo andaluz, la centralización de compra de medicamentos o la incorporación de 1.500 millones al Ministerio del impuesto en tabaco y alcohol de alta graduación.
Martínez Olmos ha apuntado asimismo que la medida del Gobierno puede resultar cara ya que “muchos” enfermos dejarán de comprar sus medicamentos para no gastar, lo que podría agravar sus enfermedades y el coste de su atención.
El diputado socialista ha valorado que el cambio en las tarjetas sanitarias, para incorporar un chip con la información fiscal, costará alrededor de veinte euros por persona y que no ofrece seguridad de que se haga con igualdad en todas las comunidades autónomas.