Víctimas de posibles bebés robados piden al fiscal mayor implicación de la Justicia

Víctimas de posibles casos de bebés robados han pedido hoy al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que la justicia reabra las investigaciones y exige al ministerio público que no archive los casos, tal y como comunicó hace unos días Ana Tárrago, fiscal jefe provincial de Granada. Según los afectados, están sufriendo la indiferencia de los organismos judiciales.

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De los sesenta casos denunciados en Granada, sólo en dos se procedió a la exhumación de los cadáveres pero las pruebas de adn no fueron concluyentes. Se estima que los afectados en Granada son unas doscientas familias.

EL FISCAL SE COMPROMETE A ATENDER QUEJAS DE AFECTADOS

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se ha comprometido hoy a “atender” todas las quejas que sean necesarias y aquellas situaciones en las que, a juicio de los afectados por posibles casos de niños robados, no se haya llevado a cabo una investigación “suficientemente rigurosa”.

Así lo ha trasladado el representante del Ministerio Público tras mantener un encuentro de más de una hora de duración en la sede de la Fiscalía Superior andaluza con representantes de las asociaciones que se han manifestado hoy por las calles del centro de Granada para pedir mayor implicación en el seguimiento de sus causas.

Según ha explicado García Calderón a los periodistas, ante el compromiso de atender las quejas, la Fiscalía Superior analizará lo ocurrido en cada caso concreto y tomará las decisiones que sean pertinentes.

“La Fiscalía lo único que puede hacer es recibir todas estas quejas o denuncias y adoptar con absoluta imparcialidad la decisión que corresponda”, ha señalado el fiscal superior, que ha anunciado además que en breve dará traslado a la Fiscalía General del Estado del manifiesto que le han facilitado los representantes de las asociaciones con los que se ha reunido.

En el referido manifiesto, al que ha tenido acceso Efe, los afectados exponen las “numerosas trabas” que se encuentran para acceder a documentos y registros y cómo en muchos casos se archivan sus denuncias “sin la más mínima investigación”.

En el documento exigen que se estudien minuciosamente todas las denuncias presentadas, que se coordinen con criterios unánimes todas las Fiscalías y Tribunales y se reabran todas aquellas causas que se han archivado por falta de pruebas “cuando el trabajo probatorio ha brillado por su ausencia”.

Consideran que no es suficiente crear un grupo de trabajo y un censo de afectados y creen “fundamental” abordar el tema de la “no prescripción” de las posibles responsabilidades al tratarse de “delitos permanentes”.

Además de remitir el manifiesto a la Fiscalía General del Estado, el fiscal superior trasladará otro escrito a la Fiscalía granadina por un supuesto concreto del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que según sostiene el afectado Eduardo Raya habría sido archivado por una prueba falsa aportada por un hospital, lo que le hace desconfiar del Instituto Nacional de Toxicología.

En el caso de Granada, recoge el documento entregado a García Calderón, los afectados perciben “desinterés” por parte de quienes están investigando, al no haberse interrogado a ningún facultativo y sí haberse llamado a declarar a los denunciantes para decirles “que para qué buscaban”.

Estas críticas se producen además después de que la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, anunciara la semana pasada que las diligencias practicadas en relación a posibles casos de niños robados no habían podido determinar hasta el momento la existencia de una trama delictiva organizada sobre este asunto en esta provincia.