La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado trece años de cárcel para un hombre de nacionalidad brasileña acusado de obligar a tres mujeres a prostituirse, a las que amenazaba y multaba por salir de casa o ir sin maquillar, y por la venta de drogas desde su domicilio.
Los hechos se produjeron durante el último trimestre de 2009 cuando el acusado, R.G.S., de 33 años y con antecedentes penales por violencia sobre la mujer, conoció a tres mujeres en una situación económica precaria y las convenció para prostituirse.
Según consta en el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, conociendo su situación económica que facilitaba “un acuerdo a su favor”, les propuso trabajar en la prostitución en un piso que el acusado tenía en la localidad granadina de Armilla, siempre “bajo su dirección” y para obtener “de forma casi exclusiva” beneficios económicos de las mujeres, que quedaron bajo su dependencia.
El acusado fijó las condiciones de trabajo y los precios de cada servicio y se quedaba con el 50 % del dinero que las mujeres ganaban con la prostitución, a lo que sumaba la obligación de abonar “entre 30 y 50 euros” semanales en concepto de alojamiento en su vivienda, el coste de la comida y otros 30 euros en concepto de publicidad, por lo anuncios de sus servicios que el acusado contrataba en diferentes medios.
Además del precio que les cobraba por el alojamiento, la comida y sus servicios, el acusado les impuso “gravosas condiciones en detrimento de su dignidad y libertad” y les ponía ‘multas’ por no ir maquilladas, tardar en volver a la casa después de un servicio o negarse a mantener relaciones sexuales con determinados clientes.
El acusado aprovechó además la situación de estancia irregular en España de dos de sus víctimas para amenazarlas con denunciarlas e incluso “enviar a unos rumanos para que les partan las piernas”, según consta en el escrito de Fiscalía.
Las tres afectadas denunciaron los hechos en mayo de 2011 después de algo más de un año trabajando para el acusado, lo que motivó una redada en su domicilio de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que registraron sus pertenencias.
En el registro, los agentes descubrieron que poseía y vendía cocaína e intervinieron trece teléfonos móviles, elementos para repartir y vender a droga y el extracto de una cuenta corriente con más de 45.900 euros.
La Fiscalía Provincial ha solicitado nueve años de cárcel por los tres delitos de prostitución y una multa de 30.000 euros, y otros cuatro años de prisión por un delito contra la salud en la modalidad de sustancias graves.
El acusado será juzgado por estos dos cargos desde el próximo día 2 de mayo en la Sala primera de la Audiencia Provincial de Granada.