Granada lleva a pleno el préstamo para pagar 107 millones a proveedores

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada someterá esta semana a pleno extraordinario la operación de préstamo para pagar a los proveedores acogidos al Real decreto 4/2012; último trámite administrativo, con el que finaliza el proceso iniciado el 15 de marzo, con el envío al Ministerio de Hacienda de certificaciones de obligaciones pendientes de pago, que reunían los requisitos de la citada norma.

Transcurrido el plazo citado, la práctica totalidad de proveedores se acogió a esta forma de cobro de manera voluntaria, un volumen de facturas que suman un montante global de 107 millones de euros.

Según un comunicado municipal, el concejal de Economía ha precisado que, junto a ese listado de facturas remitidas al Ministerio en marzo, se incluirán también en la operación de préstamo, aquellas otras certificaciones individuales de empresas y autónomos que se han acogido con posterioridad al 15 de marzo, y que suman 1.626.000 euros. “El propio decreto contemplaba la posibilidad de la inclusión de estas otras facturas presentadas tras la fecha, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos de la norma, como es el caso”.

Una vez el Pleno apruebe en mayo la operación de crédito, los proveedores podrán cobrar sus deudas a partir de junio, a través de las entidades financieras colaboradoras, con las que el Ministerio de Hacienda haya concertado las citadas operaciones de pago.

Francisco Ledesma ha subrayado que “con este último paso, el Ayuntamiento se pone al día, no sólo con proveedores incluidos en el ámbito del Real Decreto, sino en todas las deudas pendientes a empresas y entidades sociales que habían quedado fuera, hasta conseguir que en 2014, el periodo medio de pago se sitúe en 30 días”.

En este sentido, el edil ha vuelto a subrayar la oportunidad de las medidas de ajuste previstas por el Gobierno para los ayuntamientos, “que han permitido, por primera vez en la historia de la democracia, convertir la deuda comercial en deuda financiera, para evitar perjuicios a proveedores y contratistas, y que no sean ellos quienes paguen las consecuencias de la crisis”.