La Subdelegación del Gobierno en Granada y el Ministerio de Defensa trabajan en informes técnicos para conocer la viabilidad de reducir la zona de servidumbre de la base aérea de Armilla y facilitar así el crecimiento urbanístico de los cinco municipios granadinos afectados por la base.
Los alcaldes de Armilla, Churriana de la Vega, Ogíjares, Otura y Alhendín se han reunido hoy en Granada con el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, y el subdirector general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, José Manuel Gordillo, para buscar un acuerdo que facilite el desarrollo urbanístico de sus municipios, afectados por la zona de servidumbre de la base aérea de Armilla (Granada).
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La base de Armilla cuenta con una pista de vuelo de 1.500 metros de longitud y obliga a los municipios colindantes a guardar una zona de servidumbre y requerir un informe al Ministerio de Defensa para cualquier tramitación urbanística en las zonas afectadas por estas restricciones.
Santiago Pérez ha adelantado que trabajan en un acuerdo para lograr que la base aérea no se convierta en un “hándicap” para el crecimiento urbanístico de estos cinco municipios, aunque ha supeditado cualquier modificación a la viabilidad que ofrezcan los informes técnicos.
La base aérea de Armilla cuenta con una zona de servidumbre de cuatro kilómetros y 45 metros de altura para garantizar la seguridad de los vuelos de aviones, lo que impide el desarrollo urbanístico de las parcelas colindantes con la base granadina.
El subdelegado ha precisado que el vuelo de helicópteros reduce la zona de servidumbre de los cuatro kilómetros a 800 metros, y que solo el uno por ciento de las operaciones de la base aérea corresponden a aviones, lo que podría abrir una vía de modificaciones.
Sin embargo, el coronel de la base aérea de Armilla, Julián Roldán, ha precisado que la base “necesita la pista para aviones” para no perder “operatividad”, aunque se ha mostrado “dispuesto” a buscar una solución técnica que contribuya al desarrollo urbanístico de los municipios afectados.
El subdirector general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa ha explicado que existe un real decreto de 2003 que engloba excepciones en las zonas de servidumbre de las bases aéreas y que buscarán las soluciones factibles y que garanticen la seguridad de los vuelos para que sean “lo menos lesivas” para los ayuntamientos.
Gordillo ha reiterado que trabajan para lograr un consenso con los ayuntamientos implicados y evitar así perjuicios a las promotoras que trabajan en la zona, como ocurrió en 2007 con Frai, que tuvo que modificar la altura de una macrourbanización cercana a la base y costear modificaciones en la pista de vuelo para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas de la base.