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El Constitucional bloquea las actuaciones sobre la conducción del río Castril
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de constitucionalidad planteada por el Supremo en relación con una disposición de la Ley de residuos y suelos contaminados con la que, según la Plataforma por la Defensa del Río Castril, se bloquean además las obras de la conducción de agua hasta los pueblos de la comarca para suministro.
En una notificación del TC, se comunica la admisión a trámite por posible vulneración de varios artículos de la Carta Magna y se ordena que permanezca suspendido el procedimiento que declaró nulos de pleno derecho los decretos para corregir la sequía en las cuencas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
La plataforma, a través de su presidente, Miguel Ortiz, ha destacado hoy la importancia de esta decisión al considerar que “bloquea” todos los procedimientos judiciales y cualquier tipo de actuación administrativa en torno al río Castril.
Durante este período, ha añadido Ortiz, el colectivo tratará de buscar una solución alternativa a la problemática planteada en relación a lo que algunos han dado en llamar ‘trasvase’.
La tramitación por parte del Constitucional se produce después de que el Tribunal Supremo acordara en concreto elevar cuestión de inconstitucionalidad en relación con la Disposición Adicional de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
El TS ya hizo referencia entonces a la posible infracción de tres artículos de la Constitución Española en la disposición en discordia, con la que -a juicio de la plataforma de Castril- se habría pretendido “saltar” la sentencia firme que declaró ilegales las obras y expropiaciones del trasvase del río.
La decisión del Supremo se produjo asimismo después de que el colectivo le pidiera a ese órgano que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a la referida disposición, dado que la propia plataforma no podía proponer la presentación del mismo directamente ante el Tribunal Constitucional.
Desde la Plataforma se denunció la actuación llevaba a cabo por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al considerar que intentaban dar cobertura legal a unas obras ya declaradas “ilegales” por parte del Tribunal Supremo y que tienen incluso ordenada su paralización.
