Los sindicatos de Granada han expresado hoy su rechazo a los recortes del Gobierno andaluz y han anuncian movilizaciones. El plan prevé un recorte de 2.500 millones de euros del presupuesto de la Junta de 2012 para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 %. El plan supondrá una reducción de los sueldos de los funcionarios y altos cargos, y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos.
El CSIC asegura que se movilización, según ha dicho a Radio Granada su presidenta provincial Mercedes Casares. USTEA ha asegurado que el gobierno andaluz ‘miente’ y no cumple con lo prometido.
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Los sindicatos de clase aseguran que los recortes son unilaterales, como ha indicado en el programa ‘Hoy por Hoy Granada’ la secretaria general de UGT-Granada:
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Las fuerzas sindicales piden una negociación que la Junta no ha mantenido para adoptar las medidas de recorte, según ha asegurado el secretario provincial de CCOO:
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El Partido Popular de Granada asegura que la Junta comienza a adoptar la misma política que el gobierno de Zapatero. En Radio Granada ha hablado la parlamentaria Eva Martín:
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El PSOE de Granada dice que el presidente Griñán está demostrando que otra vía es posible ante los recortes del gobierno de la nación en servicios sociales. Lo ha asegurado su secretario de organización provincial:
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Izquierda Unida asegura que con estas medidas, no queridas, se garantiza el empleo. Así lo ha asegurado la parlamentaria andaluza por Granada Mari Carmen Pérez.
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Al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, no le extrañan los recortes aplicados por la Junta de Andalucía. Eso sí, Torres Hurtado ha dicho que tanto PSOE como IU han criticado la política de austeridad aplicada en el Gobierno Central y en el Ayuntamiento y ahora lo hacen ellos.
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Las medidas de ajuste reducirá la inversión en infraestructuras. Sobre las que tiene en marcha la Junta en Granada, para el alcalde la mayor preocupación sigue siendo el metro. De otros proyectos como la Escuela de Fiscales o el Estadio de la Juventud tiene dudas.
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El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, ha dicho hoy que la continuidad de las obras de construcción del metro en Málaga y Granada se analizará en una próxima reunión presupuestaria entre las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Fomento y Vivienda.
Valderas ha explicado, a varias preguntas de los periodistas, que en el Consejo de Gobierno celebrado ayer, que acordó un recorte adicional de 571 millones de euros en infraestructuras y no aprobar ninguna obra pública nueva “salvo en casos excepcionales”, se informó de que la consejera de Hacienda se reunirá con cada departamento para analizar la nueva situación presupuestaria.
En la cita entre los responsables de Hacienda y de Fomento se determinará qué obras en ejecución serán prioritarias, entre las que Valderas confía que se incluyan los metros de Granada y Málaga, cuya construcción sufre retrasos por los recortes presupuestarios.
Duro plan de ajuste
El drástico ajuste, el mayor de la autonomía, viene recogido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014) aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta que lo enviará de inmediato al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y representa el 12 % del presupuesto andaluz de 2012, que asciende a 32.020 millones de euros.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha justificado el Plan en la idea de que Andalucía tendrá una minoración de ingresos de 3.500 millones de los presupuestos estatales y por política “anticíclica” del Gobierno central.
Por ello, se plantea la puesta en marcha de medidas que posibiliten mayores ingresos por 1.000 millones y reducir el gasto en 2.500 millones, ha señalado.
El Gobierno andaluz sitúa los principios del Plan en preservar el sistema educativo público, por lo que no aumentará la ratio de alumnos por aula; en no contribuir a la destrucción de empleo y en pedir un esfuerzo “temporal y solidario” al conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.
En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con su homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una reducción del 5 % en las retribuciones del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.
En aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera “flexible” la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se disminuirá las horas extraordinarias.
Martínez Aguayo ha calculado que la reducción salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 al 6,5 % según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada y por tanto el salario en un 15 %.
Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre y se reducirá en el sector público instrumental aquellos complementos no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10 % las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.
Respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará del 23,5 % en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5 % para rentas de 120.000 euros en adelante.
La presión fiscal “aumentará” ha reconocido la consejera, que también prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre la Venta de Minoristas de Determinado Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo agrícola.
Otras medidas son la subida del tipo de gravamen general en Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5 %) y el aumento de la Tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.
El Plan, que será presentado a los sindicatos el 19 de mayo, incide en la eficiencia y el ahorro pero manteniendo la calidad de los servicios con lo que recoge una reducción del 10 % de gasto operativo en bienes y servicios mediante la reducción del 50 % de la flota de vehículos de altos cargos; eliminar la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas salvo presidente y consejeros; bajar un 50 % la partida de información y publicidad y en un 15 % en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
Avanza en el programa de plataforma de compras sanitarias, con un ahorro de 100 millones, y recoge la “reprogramación” de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales.
Se trata de medidas “equilibradas, justas y equitativas”, según la consejera, que ha comentado que si el Estado cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y reconociera los 1.504 millones que no se han invertido en Andalucía en el 2008 y 2009 el ajuste en gasto habría sido de 1.000 millones.