El portavoz del grupo municipal del PSOE en Granada, Francisco Cuenca, se ha querellado por calumnias e injurias contra el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento y un diputado provincial, ambos del PP, al acusarle públicamente de propiciar contrataciones irregulares para beneficiar a su pareja.
En la querella criminal, Cuenca mantiene que en sus declaraciones públicas de los últimos meses el portavoz del gobierno municipal, Juan García Montero, pasó de atribuirle la comisión de varios delitos bajo una “genérica mención a la corrupción”, a relacionar esta supuesta corrupción con la investigación penal abierta contra funcionarios de la Diputación y empresarios a raíz de la supuesta contratación irregular para la celebración de una feria en Tetuán.
Entre el grupo de investigados figuran el exvicepresidente de IU en la institución y actual secretario provincial del Partido Comunista de España (PCE), Julio Bernardo, y la pareja sentimental de Cuenca, que ejerce una actividad empresarial como autónoma consistente en apoyar la organización de acontecimientos públicos, decoración, mobiliario y estudio de necesidades, entre otros.
Cuenca mantiene en la querella, a la que ha tenido acceso Efe, que se le relaciona con esta investigación “por la única circunstancia” de que su pareja “está relacionada transversalmente y en un plano secundario” en esta investigación judicial.
En su escrito, el portavoz del grupo municipal socialista, que entre el 2009 y el 2011 ejerció de delegado provincial de la Junta, explica que, aunque por las “peculiares características” de la actividad que desarrolla su pareja, “muy buena parte de sus clientes resultan ser instituciones y administraciones públicas”, a ello él es “totalmente ajeno” y “en nada” ha intervenido.
Pese a lo cual, agrega, y con “la inequívoca finalidad de desacreditar su trabajo de oposición” ha sido sometido a una “campaña de acoso” consistente en insinuar que durante el tiempo que ha ejercido responsabilidades públicas se ha dedicado a “enriquecerse, o en todo caso a favorecer y propiciar contrataciones irregulares de las que serían beneficiarios” sus familiares.
En cuanto al otro querellado, José Torrente, relata que le acusó públicamente de realizar “todo tipo de actos ante distintas administraciones públicas y en especial la Diputación”, con “gestiones y presiones” para favorecer supuestamente a su pareja.