 |
Citan como imputados a seis de los trece investigados por la feria de Marruecos
El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha citado, en calidad de imputados, a partir del miércoles día 20 a seis de las trece personas implicadas en la investigación penal abierta por la supuesta contratación irregular para la celebración de una feria comercial en Tetuán (Marruecos).
Así consta en una providencia del juez Miguel Ángel del Arco, a la que ha tenido acceso Efe, que señala que las declaraciones se iniciarán el próximo 20 de junio y continuarán los 21, 22, 26, 27 y 28 de este mismo mes.
Entre los citados a declarar como imputados se encuentran M.F.S., pareja sentimental de Francisco Cuenca, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y exdelegado provincial de la Junta, además de un alto cargo en 2011 del área de Cultura de la Diputación y algunos técnicos de esta institución, según avanza el diario “Granada Hoy”.
Entre el grupo de investigados que aún no han sido citados también figuran el exvicepresidente de IU en la institución y actual secretario provincial del Partido Comunista de España (PCE), Julio Bernardo.
El magistrado abrió el procedimiento ante la posible existencia de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en la que aparece como perjudicada la Diputación Provincial, que ya anunció que se personaría como acusación en esta causa.
La investigación judicial se abrió después de que la Fiscalía presentara denuncia por unos hechos derivados de las actividades de contratación y pago relacionadas con la celebración de una feria que, a juicio de la acusación pública, podrían alcanzar “relevancia penal”.
El decreto fiscal, al que tuvo acceso Efe, relataba que del 26 al 28 de mayo de 2011, cuando la Diputación todavía era gobernada por una coalición entre PSOE e IU, se celebró una feria comercial en Tetuán, evento que tuvo unos gastos contabilizados en la institución de 300.000 euros.
La fiscal considera que se incumplieron los requisitos legales establecidos y se entregaron cantidades a cuenta de las empresas, que “pretendieron dar una apariencia” de legalidad a la tramitación de los servicios desarrollados.
Para ello se habría ocultado la verdadera concesión ilícita y provocado su fraccionamiento “para no superar el umbral establecido”.
