El juez imputa a la diputada de Desarrollo por no pagar a los proveedores de Marruecos

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha citado a declarar como imputados para el próximo mes de julio a la diputada de Empleo y Desarrollo de la Diputación de Granada, María Merinda Sádaba, y al interventor de la institución, Luis Fernando del Campo, en la causa abierta tras la querella presentada por un grupo de proveedores de un programa del organismo provincial en Marruecos.

El juzgado cree que, de la documentación aportada por los denunciantes, podrían derivarse responsabilidades penales por prevaricación y desobediencia, según el auto conocido por Radio Granada.

Los proveedores del plan de intervención en Marruecos denominado ‘Proyecto Magrec’, impulsado la pasada legislatura por la Diputación de Granada, acusan a los ahora imputados de haberles dejado fuera del plan de pago a proveedores en virtud de una premisa falsa: que los pagos pendientes estaban vinculados con otro proyecto en Marruecos de la Diputación (el caso de la Feria de Tetuán) que estaba siendo investigado por los tribunales.

Los proveedores se consideran perjudicados al no poder cobrar por el deseo de la Diputación de incluir falsamente su expediente en otro caso con el que no tiene nada que ver.

Hace un mes, la denunciante dudó del coste de los trabajos realizados por las empresas denunciantes y ridiculizó algunos de esos servicios. Según difundió en su día Radio Granada, la Diputación cuenta con todos los informes completos donde se detallan minuciosamente todos los trabajos realizados según los convenios.

Según la denuncia, la denuncia se interpone porque la decisión de dejarles fuera del plan de pago a proveedores se ha tomado, dicen los perjudicados, al margen de cualquier procedimiento legal y pisoteando dolosamente las normas administrativas

Pero es que, además, la decisión ilegal de los denunciados causará un grave perjuicio no sólo a los proveedores, sino a la propia Diputación, que ha perdido la posibilidad de imputar la deuda a una subvención comunitaria.

La Diputación tendría que haberse hecho cargo del 25 por ciento del proyecto. Ahora, al negarse a pagar en los tiempos establecidos y cuando todos los informes técnicos eran favorables a los pagos, ha dejado pasar los plazos de la subvención comunitaria, por lo que tendrá que pagar el 100 por cien.

La querella deja claro que los proveedores han sido víctimas de una simple ‘guerra política entre los actuales responsables de la corporación y sus predecesores, ajena completamente a mis representados, que, junto con la propia administración, no son sino víctimas colaterales de la misma’.

Paralelamente el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha citado, en calidad de imputados, a partir del miércoles día 20 a seis de las trece personas implicadas en la investigación penal abierta por la supuesta contratación irregular para la celebración de una feria comercial en Tetuán (Marruecos).