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Aplazada la primera declaración de un imputado en el caso de la feria de Tetuán
La primera comparecencia de un imputado prevista en la investigación penal abierta por la supuesta contratación irregular por parte del anterior equipo de Gobierno de la Diputación para la celebración de una feria comercial en Tetuán (Marruecos) ha sido aplazada hoy en el Juzgado de Instrucción 6.
Así lo han informado a Efe fuentes judiciales, que han precisado que la suspensión de la declaración del que fuera director del Área de Cooperación Local de la institución provincial, J.L.L., fue solicitada por su abogado para poder preparar más ampliamente la comparecencia, que podría celebrarse después del verano.
A partir de mañana están previstas nuevas declaraciones de otros cinco de los trece investigados en la causa, entre los que se encuentran M.F.S., pareja sentimental de Francisco Cuenca, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, algunos técnicos de la Diputación y empresarios.
Precisamente la Diputación de Granada, actualmente gobernada por el PP y personada como acusación popular en este proceso, anunció ayer que ampliaría su denuncia inicial sobre este caso, lo que podría derivarse en posibles responsabilidades de la exdiputada provincial de Cultura, María Asunción Pérez Cotarelo (IU).
Entre el grupo de investigados que aún no han sido citados también figuran el exvicepresidente de IU en la institución y actual secretario provincial del Partido Comunista de España (PCE), Julio Bernardo.
El magistrado abrió el procedimiento ante la posible existencia de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos en la que aparece como perjudicada la Diputación.
La investigación judicial se abrió después de que la Fiscalía presentara denuncia por unos hechos derivados de las actividades de contratación y pago relacionadas con la celebración de una feria que, a juicio de la acusación pública, podrían alcanzar “relevancia penal”.
El decreto fiscal, al que tuvo acceso Efe, relataba que del 26 al 28 de mayo de 2011, cuando la Diputación todavía era gobernada por una coalición entre PSOE e IU, se celebró una feria comercial en Tetuán, evento que tuvo unos gastos contabilizados en la institución de 300.000 euros.
La fiscal considera que se incumplieron los requisitos legales establecidos y se entregaron cantidades a cuenta de las empresas, que “pretendieron dar una apariencia” de legalidad a la tramitación de los servicios desarrollados.
Para ello se habría ocultado la verdadera concesión ilícita y provocado su fraccionamiento “para no superar el umbral establecido”.
