La Caja Rural de Granada ha respaldado hoy por unanimidad el informe de gestión y sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, en el que la cooperativa de crédito obtuvo unos beneficios después de impuestos de cinco millones de euros, un 67 % menos que el anterior.
Al cierre de ese ejercicio, la ratio de solvencia de la cooperativa se situó en el 13,75 %, 0,23 puntos más que en 2010 y por encima del 8 % exigido por la normativa actual del Banco de España, según ha expuesto su director general, Dimas Rodríguez, durante la asamblea de esta tarde, de la que ha informado la Caja Rural en un comunicado.
La ratio de capital principal alcanzó el 12,77 %, 1,14 puntos superior a la de 2010, y presentó un exceso de 155 millones de euros sobre las exigencias mínimas establecidas.
Al cierre de 2011, la entidad obtuvo un margen de explotación de 39,7 millones de euros, 1,4 millones más que en 2010, fruto de la labor en la contención del gasto y del mayor resultado obtenido en operaciones financieras.
El beneficio después de impuestos ascendió a cinco millones de euros, un 67 % menos que el del ejercicio anterior, debido al “esfuerzo en el saneamiento de la cartera de créditos y de los activos adjudicados” para anticipar provisiones futuras.
Los recursos gestionados de clientes ascienden a 3.525 millones de euros, ligeramente por encima del saldo de 2010, mientras que los créditos a la clientela han reducido su importe hasta los 3.413 millones de euros, un 2,7 % inferior al del ejercicio anterior.
Dimas Rodríguez ha cifrado en unos 7.000 millones de euros el volumen de negocio, mientras que la tasa de morosidad se situaba, al 31 de diciembre de 2011, en el 6,18 %, por debajo de la previsión inicialmente realizada y de la media del sector, que ha alcanzado el 7,90 %, debido a “la menor exposición relativa de la entidad al sector inmobiliario y a la eficaz gestión de la cooperativa”.
Al finalizar 2011, la entidad contaba con 197 oficinas, igual número que al cierre del ejercicio anterior en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Madrid, y 816 empleados, siete menos que en 2009 debido a excedencias y bajas voluntarias, según la entidad.
Durante la asamblea, en la que también se aprobó por unanimidad el informe de auditoría y la propuesta de distribución de excedentes, el presidente de la entidad, Antonio León, manifestó que en 2011 no se ha producido la recuperación económica que se había pronosticado desde algunos foros, sino que la situación “se ha recrudecido”.
Ha puesto como ejemplo de ello que de las 45 cajas de ahorro que había en diciembre de 2007 “apenas quedan nueve grupos bancarios que seguramente se reduzcan antes de que finalice el año”.
León ha subrayado el hecho de que la Caja Rural no haya destruido “ni un solo puesto de trabajo” como consecuencia de la crisis.