Dos hombres serán juzgados el próximo martes en Valladolid, como supuestos coautores de un delito de estafa, cometido al cobrar 156.000 euros a un hombre por un piso que le vendieron, situado en Granada, sin que el comprador pudiera adquirir el pleno y libre dominio de la casa porque existían cargas.
Los hechos por los que se sentarán en el banquillo de los acusados Antonio N.A. y su padre, Antonio N.M., ocurrieron cuando el primero ejercía como administrador único de la mercantil Eurogestión e Inversión Málaga S.L., y su progenitor como apoderado general de la misma sociedad, según las conclusiones provisionales del fiscal.
Ambos, “guiados por un ilícito propósito de enriquecimiento”, en función de un documento privado de compraventa con fecha 30 de diciembre de 2004, vendieron a un hombre una vivienda ático, con garaje y trastero, situada en La Rábita (Granada), cuya titularidad correspondía a dicha mercantil, sostiene el ministerio público.
En el contrato, se fijaba el precio total de la venta en 156.000 euros, que el comprador abonó en Valladolid conforme se pactó, en tres pagos sucesivos de 52.000 euros cada uno efectuados en diciembre de 2004, abril del año siguiente y febrero de 2006.
También en el contrato figuraba que la vivienda y sus anejos se encontraban y transmitían libres de cargas, gravámenes y arrendamientos.
Pero cuando el comprador consultó el Registro de la Propiedad para el otorgamiento de la escritura pública, comprobó que figuraban cargas sobre la propiedad, tanto anteriores como posteriores a la firma del contrato, ya que los supuestos autores habían constituido hipotecas a favor de un banco que resultaron impagadas.
Constaban además diversas anotaciones de embargos ejecutivos sobre la vivienda, el garaje y el trastero, a favor de terceros acreedores, circunstancias que conllevaron la imposibilidad de otorgar la escritura pública y adquirir el pleno y libre dominio de los bienes comprados, a pesar de haber pagado el precio.
El fiscal considera a los dos encausados supuestos coautores de un delito de estafa y reclama para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, además del pago de una indemnización conjunta y solidaria al perjudicado en la cantidad de 156.000 euros.
Está programado que la vista oral se desarrolle el próximo 26 de junio en la Audiencia Provincial de Valladolid con el interrogatorio de los acusados, la comparecencia de un testigo y la práctica de la prueba pericial.