Aunque en el mes de mayo se haya producido una subida de 161 personas en el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Granada, alcanzando los 17.338, fundamentalmente por la ocupación en las campañas agrícolas y la llegada de la temporada turística, en términos interanuales, el crecimiento sigue siendo negativo. La pérdida de puestos de trabajo está afectando de manera muy perjudicial a los trabajadores extranjeros. En total, el 5,78% de la afiliación a la Seguridad Social en nuestra provincia corresponde a población extranjera.
Por regímenes, el 79,50% pertenece al Régimen General (mayoritariamente al Sistema Especial Agrario), el 15% al de Autónomos, el 5,58% al de Hogar y el 0,06% al de Mar. El Régimen del Hogar experimenta un descenso considerable, ya que se encuentra en fase de extinción (el 30 de junio de este año acaba el plazo para que estos trabajadores se encuadren en el Sistema Especial del Hogar dentro del Régimen General). Del total de los afiliados, el 54,12% son hombres y el 45,87% mujeres. Entre los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea encontramos mayoría de mujeres, al contrario de lo que ocurre en aquéllos que no pertenecen a la UE, donde la mayoría son hombres.
Ante estos datos, Mercedes Martín, Secretaria de Igualdad y Mujer de UGT Granada, considera que la falta de empleo y de oportunidades laborales se convierte en un proceso de exclusión social, pero especialmente entre los trabajadores de origen extranjero, en particular. Además, la situación se agrava aún más, entre este colectivo porque sus redes sociales y familiares son más débiles y el apoyo que puede recibir de éstas es menor.
La representante de UGT considera que es necesario que la sociedad tome conciencia de que la explotación que sufren estos trabajadores no es un problema individual de los extranjeros, sino un problema social que nos afecta a todos. La reforma laboral, apunta Mercedes Martín, está propiciando más precariedad, temporalidad y la desaparición de los derechos consolidados, lo que hace más vulnerables a todos los trabajadores, especialmente a los peor posicionados en el mercado laboral, como la población trabajadora extranjera no comunitaria.
Desde UGT, afirma la representante ugetista, creemos inaceptable el hecho de retirar la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin autorización de residencia y rechazamos cualquier retroceso en materia de derechos, más aún en algo tan básico y fundamental como éste, que pretende condenar a la invisibilidad a los extranjeros en situación administrativa irregular. En definitiva, ha concluido hay que evitar la precarización del mercado de trabajo con el cumplimiento riguroso de las condiciones laborales y un control eficaz para que esto se lleve a cabo, entre otras formas.