La Junta de Andalucía promueve la consolidación de la mediación y el arbitraje como alternativa a los procedimientos judiciales porque “no solo ayuda a descargar a los tribunales de asuntos que podrían fácilmente ser resueltos sin la necesidad de acudir a ellos sino que, sobre todo, contribuye a potenciar en nuestra sociedad un cambio de conducta favorable para la convivencia cívica”.
Estas afirmaciones las ha realizado hoy la delegada del Gobierno, María José Sánchez Rubio, durante la inauguración del seminario ‘La mediación como instrumen-to de ciudadanía local’, organizado por la Fundación Mediara de la Consejería de Jus-ticia e Interior para dar a conocer a trabajadores sociales y técnicos municipales dis-tintos mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos con el fin de permitir a la ciudadanía alcanzar acuerdos previos a los litigios planteados en juzgados y, de esta manera, contribuir a descongestionar los órganos judiciales.
La delegada del Gobierno ha planteado que el propio contexto socioeconómico está propiciando la sobrecarga de determinadas jurisdicciones como la de lo mercantil o la de lo social, dado el volumen de despidos, regulaciones de empleo, concurso de acreedores, etcétera y que también ocupan un excesivo espacio en la Administración de Justicia los conflictos menores como juicios de faltas, reclamaciones de vecindad, demandas de cantidad y otros asuntos civiles de muy pequeña cuantía.
“La Junta apuesta por la mediación como fórmula eficaz para reemplazar el pleito judicial ordinario por el acuerdo previo entre las partes, el litigio por el diálogo, y que la solución al problema sea más rápida y eficaz, más cercana, más económica y más satisfactoria para la ciudadanía”, precisa.
En este sentido, Sánchez Rubio destacó el trabajo realizado por la Fundación Mediara y abogó por aunar esfuerzos y contar con la implicación de otras entidades y organismos, universidades, asociaciones, colegios profesionales para asentar la cultu-ra de la mediación en la sociedad.
También resaltó el papel decisivo que las entidades locales desempeñan en la consolidación de modelos mediadores. “Los ayuntamientos, a través de los juzgados de Paz, la Policía Local, los Servicios Sociales Comunitarios o las Oficinas de Infor-mación al Consumidor, deben y pueden ejercer de poderosos agentes mediadores a la hora de solventar cualquier diferencia derivada de la convivencia vecinal”, precisó.