Condenado a cárcel un exsecretario de COAG por apropiarse de subvenciones

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha condenado a 18 meses de cárcel al exsecretario provincial de COAG de Granada, Emilio Rodríguez, por incorporar a su patrimonio 100.906 euros procedentes del Fondo Andaluz de Garantía Agraria que empleó en gastos particulares.

La sentencia, adoptada de conformidad entre las partes, le impone igualmente el pago de una multa de 900 euros y que indemnice con la cantidad defraudada a la Junta de Andalucía.

El juez considera probado que entre 2002 y 2005, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía recibió distintas subvenciones del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, parte de las cuales se destinaron a COAG de Granada, según el fallo, al que ha tenido acceso Radio Motril.

Rodríguez, entonces secretario provincial de COAG de Granada, “guiado por el ánimo de enriquecimiento ilícito”, destinó parte de esas ayudas a sus gastos particulares como las reparaciones de su vehículo, el pago de multas de tráfico y de su seguro de vida y salud, el de su seguro agrícola y el de su esposa, o la compra del aparato de aire acondicionado instalado en su domicilio.

Otra parte de las ayudas las incorporó a su patrimonio en concepto de sueldo -que no le correspondía por ser su cargo honorífico-: en total 14 pagas de 2.235 euros cada una.

Según el fallo, para conseguir su propósito presentó diversos documentos como nóminas de trabajadores, de profesores, dietas o facturas ante las administraciones públicas encargadas de controlar las cantidades entregadas, en muchos de los cuales “simuló mendazmente la cantidad efectivamente abonada”, haciendo que figuraran importes más elevados con los que poder justificar y hacer cuadrar las cifras de inversión con los montantes recibidos.

En concreto, los sueldos de los profesores contratados para impartir los cursos de formación estaban subvencionados con 60 euros por hora lectiva, pero, según la sentencia, el acusado abonaba únicamente 18 euros por hora, quedándose con la diferencia.

Para ello, utilizaba dos cheques correlativos en numeración, con igual importe y fecha: uno de ellos era un cheque al portador que se presentaba al cobro en el banco sin firmar por quien lo cobraba, y otro uno nominativo para la persona o empresa correspondiente.

Este último era el que se remitía a COAG-Andalucía para ser aportado en la documentación utilizada para la justificación de gastos, si bien este cheque no se cobraba.

Mediante este procedimiento se ha producido el cobro de al menos 250.730 euros para cursos de formación de los que solo se abonó a los profesores 150.123 euros, según la sentencia, que mantiene que el acusado incorporó a su patrimonio un total de 100.906 euros.

En otras ocasiones simulaba la realización de cursos que no se habían impartido, y justificaba la realización de los mismos ante las administraciones públicas mediante un listado de “asistentes ficticios y facturas igualmente simuladas”.

Según el fallo, otro de los procedimientos utilizados consistía en ocultar directamente la realidad con la connivencia del también acusado A.M.G.N., que a través de su empresa “se inventaba facturas por adquisiciones no producidas de material didáctico para la realización de los cursos”.

Este empresario ha sido también condenado a 18 meses de cárcel y a multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, según la sentencia, que absuelve a otra trabajadora de COAG para quien la Fiscalía retiró la acusación.

Al exsecretario de COAG se le atribuye la autoría de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro de apropiación indebida.