El área de Función Pública entablará medidas para que el empleo público y las condiciones laborales de los trabajadores de la Diputación Provincial de Granada no se vean perjudicados en el futuro. Un comunicado oficial dice que se trata de actuar ‘como consecuencia de no haber actuado a tiempo ante la actual situación económica’. Estas medidas han empezado a consensuarse con los representantes de los trabajadores en una ronda de contactos que ha dado comienzo esta semana y continuará durante los próximos días.
El diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, ha explicado a los sindicatos que debe meter la tijera por orden del Gobierno central.
A falta de que se avance en la articulación y negociación de estas medidas con los representantes de los trabajadores, Maldonado ha propuesto, en nombre del equipo de Gobierno provincial, el estudio de la ampliación de la jornada laboral efectiva a treinta y siete horas y media semanales del personal de la Diputación (en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto Generales del Estado publicada recientemente), así como de la adaptación de los permisos, licencias y vacaciones a los mínimos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, y la reducción de determinados complementos retributivos, entre otras medidas.
Francisco Javier Maldonado se ha mostrado, así mismo, confiado “en que estas medidas, que son necesarias para el buen funcionamiento de la Diputación y el servicio que presta a los municipios y los vecinos de toda la provincia, lleguen a buen puerto en sintonía con todos”. Para ello, el diputado ha reseñado su disponibilidad para afrontar y aclarar todas las cuestiones técnicas que se deriven de las medidas que se decida implementar así como a cualesquiera otros temas que afecten al ámbito de la Función Pública en la Institución Provincial.