Aplicar las medidas de Rajoy significaría 3500 funcionarios menos en Granada, según el PSOE

Parlamentarios del PSOE de Granada han garantizado hoy que no habrá despidos entre los 30.800 trabajadores de la administración pública andaluza en la provincia gracias al “esfuerzo” de la Junta para impedir que los ajustes impuestos por el Gobierno de Rajoy se traduzcan en destrucción de empleo público, clausura de servicios públicos o en privatizaciones.

El diputado autonómico Miguel Castellano ha revelado que, de hecho, más de 3.000 empleados públicos granadinos irían al paro de aplicar el Ejecutivo andaluz los ajustes del PP al modo de comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha.

Castellano ha recordado que Madrid impone a Andalucía un ajuste presupuestario de 2.700 millones de euros “totalmente injusto y desproporcionado” dado que, ha añadido el parlamentario andaluz, se ha incumplido el Estatuto de Autonomía, por el que no se han tenido en cuenta 1.504 millones de euros, más un descenso en las inversiones de en torno a 700 millones de euros.

“Andalucía y los andaluces están soportando un doble ajuste que obliga por decreto, un lado, el Gobierno de España y, por otro, el que impone el mismo Gobierno del PP a la Junta Andalucía”, ha criticado en relación al plan autonómico de reequilibrio financiero que, de rechazar su aplicación, ha avisado, conllevaría la intervención y el descuento de 2.700 millones de euros en concepto del fondo de compensación interterritorial.

Se trata de aplicar “un recorte obligado por el PP”, pero las medidas que pondrá en marcha la Junta de Andalucía serán muy distintas a las de otras comunidades, ha afirmado Castellano, quien ha añadido que “la izquierda entiende que hay otra manera de salir de la crisis”.

“Vamos a aplicar un decreto con medidas progresivas, progresistas y que intenten, en primer lugar, que el esfuerzo fiscal impositivo repercuta en las clases más altas con ingresos superiores a los 60.000 euros”, ha indicado el parlamentario socialista por Granada en referencia al incremento del IRPF en el tramo autonómico.

En lo que respecta a la obligatoriedad del aumento del horario laboral de las 35 horas a las 37 horas y media, y del incremento lectivo en 2 horas semanales a los docentes, el representante socialista ha afirmado que la Junta cumplirá con esta obligación, pero sin que ningún trabajador pierda su empleo. “Andalucía no opta por el despido, sino por reducciones de los complementos y no habrá disminución a ningún trabajador que tenga hasta 1.000 euros de sueldo neto a tiempo completo”, ha incidido. Ha añadido que el reajuste salarial recaerá también sobre los representantes políticos, con una rebaja del 7,5 por ciento en el sueldo del presidente de la Junta o en el de los consejeros en un 7 por ciento, con una rebaja total o reducción a la mitad de gastos protocolarios, publicitarios, dietas y coches oficiales.

Por contra, el PP presenta como alternativa a iniciativas como un impuesto a las grandes fortunas subidas del IVA o una amnistía fiscal, ha denunciado Castellano.

Por su parte, la parlamentaria Nieves Masegosa ha asegurado que Andalucía va a hacer los ajustes que le vienen impuestos desde el Gobierno estatal manteniendo el empleo público, sin cerrar servicios públicos y sin privatizar absolutamente nada.

Ha comparado esta actuación con la de gobiernos autonómicos del PP como el de Madrid, donde 1.500 sanitarios y casi 5.000 docentes han ido a la calle; la Comunidad Valenciana, donde 8.704 trabajadores de la administración han sido despedidos; o Castilla-La Mancha, con 8.500 despedidos entre docentes y sanitarios.

Ha incidido además que Castilla-La Mancha ha cerrado ya 64 colegios rurales, 30 centros de salud, plantas enteras de hospitales, 32 centros del profesorado, así como centros de atención a las víctimas de violencia de género. “En sólo seis meses de gobierno, se ha retrocedido 30 años en derechos ya consolidados”, ha asegurado.