La diputada provincial de Empleo y Desarrollo de Granada, María Merinda Sádaba (PP), denunciada por presunta prevaricación al negarse a pagar las facturas de un grupo de empresarios por los trabajos realizados en Marruecos dentro del proyecto “Magrec”, ha declarado hoy que su actuación fue “correcta”.
Sádaba ha declarado hoy en calidad de imputada durante más de una hora en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde ha recalcado que su actuación ha sido “correcta” y ha defendido que su actitud responde a los informes técnicos de la Diputación de Granada.
La diputada provincial de Empleo ha sido denunciada por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia por varios empresarios que reclamaron el pago de unas facturas por trabajos realizados en el marco del proyecto “Magrec” desarrollado por la Diputación.
Según los denunciantes, la imputada se ha negado a incluir sus facturas en el plan de pago a proveedores, lo que ha supuesto la suspensión de la remuneración de unas facturas ya auditadas por la Diputación provincial.
“Hay un procedimiento judicial abierto de oficio por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que ve indicios de delito en cuanto al programa Mercamed y esas facturas están siendo investigadas”, ha defendido la diputada provincial de Empleo a preguntas de los periodistas tras prestar declaración judicial.
El caso Mercamed fue trasladado al Juzgado por la Fiscalía Provincial de Granada, que denunció a 13 personas por la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicas y falsificación de documentos durante el desarrollo del proyecto y la celebración de una feria en Tetuán en mayo de 2011.
“Actué en base a informes técnicos de la Delegación, que manifiestan que hay irregularidades en las facturas por las que han puesto la querella contra mí, de los que yo doy traslado”, ha explicado a Efe la diputada.
Según ha declarado Sádaba, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación, “jamás” se ha negado a pagar ninguna factura, sino que se ha limitado a “trasladar” su opinión hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre su legalidad en el marco del caso Mercamed.
“No me niego a pagar las facturas, lo que no voy a hacer, porque entonces sí estaría cometiendo un delito, es autorizar unos pagos a sabiendas, por informes técnicos, de que adolecen de muchas cuestiones tanto en fondo como en forma”, ha puntualizado la diputada granadina de Empleo.
Sádaba, que no ha sabido cuantificar el número de facturas ni su cuantía aunque ha recalcado que se trata de un número “amplio”, ha apuntado que siguen apareciendo día a día y que “saldrán muchas más cosas de este caso”.
La diputada provincial de Empleo ha considerado que esta denuncia responde a una “cortina de humo” del PSOE para quitar “hierro” a la investigación principal del caso Mercamed sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones cometidas durante el mandato del anterior equipo de gobierno (PSOE-IU).