Pondrán la primera queja formal ante Parlamento Europeo por el archivo de un caso de bebé robado

La juez que investiga el supuesto robo de una niña nacida en un hospital de Granada en 1990 ha sobreseído por segunda vez la causa, lo que llevará a la familia a presentar la que aseguran es la primera queja formal ante el Parlamento Europeo por el archivo definitivo de una denuncia de robo de bebés en España.

La causa había sido reabierta a petición del progenitor, Eduardo Raya, el primer padre que llevó ante los tribunales el supuesto robo de su hija, para que se practicaran pruebas que determinaran si unos restos de hígado pertenecían o no al bebé.

Para resolver esta cuestión, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada ordenó el pasado mes de mayo a Toxicología que se pronunciara sobre los restos en cuestión, lo que ha hecho ahora a través de un informe que concluye que pertenecen a un bebé con “hepatitis neonatal” pero, según ha indicado a Efe el padre, sin aclarar si podrían pertenecer o no al menor, de ahí que el órgano judicial haya decretado el sobreseimiento libre de la causa.

Raya, que pretendía que declararan como imputadas unas quince personas entre personal médico y de Toxicología, y otra quincena de testigos, presentará la queja formal ante el Parlamento Europeo “por indefensión, irregularidades judiciales y parálisis de la justicia española” en el caso de su hija y en el de “las miles de denuncias presentadas en España”, ha informado hoy en un comunicado.

Tras el archivo inicial de la causa a raíz de que un informe concluyera que los restos de hígado pertenecían a la fallecida, Raya optó por solicitar un estudio independiente al mantener que las pruebas podrían estar falseadas y que estos no podían pertenecer a su hija, que habría sido cambiada por un bebé moribundo después de nacer.

En contra de lo corroborado antes por Toxicología, ese otro análisis pedido por el progenitor determinó que los restos de hígado que sirvieron para archivar la causa no podían pertenecer al de un feto o un bebé de poco días, por lo que no podrían ser de la menor.

Por ello y ante la posible “contradicción” entre estos pronunciamientos, la juez ordenó al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla que emitiera una pericial consistente en el estudio de los referidos restos, cuyo resultado, conocido ahora, le ha llevado a decretar por segunda vez el archivo de la causa.

Con este último informe, la juez pretendía que se aclarara si los mismos pertenecen a una muestra compatible con un recién nacido de 48 horas de vida o sin embargo son “de forma indubitada” de un adulto.