Funcionarios protestan contra los recortes con un desayuno en la calle

Funcionarios de la administración de Justicia han protestado hoy por los recortes salariales con una sentada junto a los juzgados de Plaza Nueva de Granada, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que han compartido el desayuno de sus casas como ejemplo de austeridad.

Los funcionarios granadinos de Justicia han combatido así los recortes aprobados por el Gobierno central con termos de café, zumos, dulces y bizcochos caseros, que han compartido en una sentada para ejemplificar que los sueldos no les permitirán desayunar en los establecimientos cercanos.

La protesta ha sido convocada por la plataforma sindical de la administración de Justicia, compuesta por CSIF, SPJ-USO, STAJ, CCOO y UGT, que han reprochado la pérdida de poder adquisitivo del sector.

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“Queremos protestar por la mayor regresión a nuestros derechos retributivos y laborales, con medidas injustas que afectan de nuevo a los asalariados, y que nos hace pagar una crisis que no hemos provocado”, ha explicado a los periodistas el portavoz de la plataforma, Nicolás Núñez.

Los funcionarios de Justicia se han sentado en la Plaza del Pilar del Toro, junto a los Juzgados de Plaza Nueva, para compartir el desayuno que cada uno ha traído de su casa al grito de “que el próximo parado sea un diputado”.

“Los recortes llegarán con la próxima nómina a sueldos que oscilan entre los 1.200 y los 1.400 euros y que ocasionarán un daño al consumo, ya nos tendremos que conformar con traer el desayuno de casa, y eso afectará a los establecimientos cercanos y aumentará el paro”, ha recalcado Núñez.

La plataforma sindical ha subrayado que el Gobierno central ha aprobado los recortes desde la ilegalidad, ya que la paga extra suprimida está garantizada por una ley orgánica que de momento no se ha modificado.

Los funcionarios de Justicia han adelantado que, desde septiembre, exigirán los principios de legalidad para no afrontar tareas que no les corresponden y serán más exigentes a la hora de ofrecer información a procuradores y abogados, atendiendo a la Ley de Protección de Datos, entre otras medidas reivindicativas y de presión.

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