Los plenos de Armilla podrán grabarse tras acudir el PSOE a los tribunales

Una sentencia judicial echa por tierra el decreto del alcalde de Armilla, el popular Antonio Ayllón, que prohibía grabar los plenos municipales. Ahora el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha declarado nulo dicho decreto, tras el recurso presentado en su día por el grupo del PSOE en ese ayuntamiento. El Ayuntamiento deberá pagar las costas.

El juez dice que la prohibición conculca el derecho a la información de la ciudadanía y recuerda que el si el alcalde no está de acuerdo con las información que se derivan de los plenos y el tratamiento posterior de las grabaciones, hay mecanismos legales para defenderse de eso. La sentencia también advierte el alcalde de que si aprueba una norma que regule las grabaciones en el pleno, la normativa deberá preservar el derecho a la información de la ciudadanía.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Armilla, Gerardo Sánchez, ha expresado su satisfacción por el fallo.

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La sentencia dice que las libertades constitucionales, invocadas por los socialistas armilleros, ‘no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del estado democrático, para lo cual se garantiza el mantenimiento de la comunicación pública libre’.

Es más, el juez entiende que ‘para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable los asuntos públicos ha de ser también informado ampliamente, de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas’.

El juez deja claro que el derecho a la libertad de información no solo afecta a los periodistas o los medios, sino que incumbe directamente a los ciudadanos. Por tanto, ‘la restricción de este derecho a la transmisión de información sólo puede ser acordada de manera justificada, motivada y guardando la oportuna proporcionalidad’. De la sentencia se deduce que la prohibición del alcalde de Armilla no estaba justificada.

El juez dice que el desorden al que el alcalde hace referencia para prohibir las grabaciones en el pleno no lo provocaron los medios de grabación sino la presencia de vecinos que protestaban. Por ello, el juez dice: ‘es evidente que una prohibición general del uso de grabadoras y medios de reproducción de la imagen y sonido, y difusión y transmisión de las mismas por los Concejales y por los vecinos asistentes a la sesión colisiona de lleno con los referidos derechos y no guarda la oportuna proporcionalidad, sin que sea adecuada para los fines que se pretende proteger’.

La sentencia es recurrible ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Nota oficial del Ayuntamiento

El gobierno municipal “acata y respeta” la sentencia del juez de suspender la prohibición de grabar los plenos a los concejales de la corporación, pero defiende que el decreto que quería regular esta situación “se limita a aplicar lo ya dicho por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)”. El alcalde de Armilla, Antonio Ayllón, recuerda que la AEPD ya advirtió al Ayuntamiento que “tiene que salvaguardar la protección de la dignidad de las personas que asistan a pleno, como por otra parte también insta a ello la propia sentencia”. “El Ayuntamiento busca que se respete escrupulosamente la imagen de las personas que puedan asistir a un pleno y por ello se realizó el decreto”.

Ayllón destaca además, que la elaboración del decreto “también tuvo su origen en la denuncia de un policía local hacia concejales del PSOE por grabarle y publicar su imagen en una red social, lo que parece bastante grave si se tiene en cuenta que también menores y público en general pueden ser objeto de grabación y vulneración de su imagen de manera indiscriminada, con fines presuntamente partidistas”.

E igualmente, insiste que nunca se prohibió el acceso a los plenos a ningún medio de comunicación “que están autorizados por ley a grabar y divulgar las sesiones plenarias públicas”.

El alcalde advierte que la medida para evitar que los concejales de la corporación municipal grabasen los plenos tuvo su origen “en el convencimiento por parte de este gobierno de que fundamentalmente se debe propiciar un ejercicio de ética política”. “Porque entendemos que un edil tiene que estar en un pleno defendiendo los intereses de los ciudadanos que lo han votado y no en otras cosas”, puntualiza Ayllón. En esta línea, el regidor considera que el PSOE debe “reflexionar sobre si es ético que sus concejales se dediquen a grabar a concejales y ciudadanos en los plenos para hacer oposición”.

Insultos al alcalde

Antonio Ayllón recuerda los incidentes que motivaron la determinación de esta prohibición transitoria, cuando en el pleno del pasado mes de enero algunos concejales socialistas grabaron los insultos que varios miembros del público dirigieron al primer edil para luego colgarlos en una red social, mostrando después su aprobación a esas acciones.

“Ese hecho tan lamentable, por el que todavía no hemos recibido disculpas, nos movió a iniciar un cambio en la normativa municipal para impedir que los ediles realicen acciones que entendemos impropias de su cargo”, asegura el alcalde.

Obstrucción y contradicción del PSOE

Ayllón critica también lo que entiende como “una clara actitud de obstruir el normal desarrollo de la vida democrática del municipio” en referencia a la actitud del PSOE de Armilla que interpuso el contencioso-administrativo contra el decreto. “Primero grabaron insultos que luego difundieron subiéndolos a una red social y luego denunciaron la normativa que les prohíbe hacer tales acciones”, condena el alcalde. Asimismo, Ayllón asegura que “la redacción de la nueva Ordenanza Reguladora que estamos preparando supone un claro respaldo a la defensa de los intereses de los ciudadanos y de la transparencia democrática que ejerce el actual gobierno municipal”.

Por otra parte, el primer edil recuerda que en el pasado pleno ordinario del mes de marzo, todos los grupos municipales aprobaron la moción de UPyD para estudiar la posibilidad de difundir los plenos a través de medios de comunicación del propio Ayuntamiento.