El grupo municipal socialista en Armilla ha afirmado hoy que el “varapalo judicial” que ha recibido el alcalde, Antonio Ayllón (PP), por vetar la grabación y difusión informativa de los plenos municipales ha puesto de manifiesto una vez más “su actitud dictatorial”. El pasado mes de febrero Ayllón decidía vía decreto prohibir la grabación y transmisión de los plenos, un decreto que es anulado ahora por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada, ante el recurso interpuesto por el PSOE.
El portavoz del grupo socialista, Gerardo Sánchez, considera que la sentencia “deja claro el derecho constitucional de los concejales a difundir el desarrollo de los plenos y pone en evidencia el talante antidemocrático de Antonio Ayllón y de sus socios de gobierno”. “Un alcalde que ha pretendido, una vez más, callar la voz y amordazar a la oposición y ha recibido por ello el varapalo de la justicia, que le anula su decreto y pone de manifiesto su actitud dictatorial”, ha indicado.
Para Sánchez, la sentencia evidencia también que los supuestos disturbios con los que justificó el gobierno municipal su veto informativo fueron originados por personas asistentes al pleno, que protestaban por el impago de sus salarios, y no precisamente por la grabación y difusión de estas imágenes. Resulta paradójico -ha agregado- que, a propuesta del Partido Popular, y con el apoyo del resto de grupos que conforman el equipo de gobierno (UPyD e IDEA), se haya incluso llegado a reprobar al concejal que difundió la grabación y al propio portavoz del grupo socialista.
El representante socialista ha revelado que los hechos no son aislados, sino que constituyen un caso más en los “métodos caciquiles” que los concejales de la oposición y que los ciudadanos de Armilla vienen padeciendo desde la llegada del tripartito al gobierno del Ayuntamiento de Armilla. Censura informativa, prohibiciones, plenos municipales a las nueve de la mañana para obstaculizar la asistencia de los vecinos cuando siempre han tenido lugar por la tarde, información solicitada por la oposición que no recibe contestación o un periódico municipal a medida, convertido en órgano de propaganda y en el boletín del Partido Popular son sólo algunos de los ejemplos, según Gerardo Sánchez.
Una actitud que, según ha señalado el concejal del PSOE, es aún “más grave” cuando quien la practica no sólo es alcalde, sino también senador del Reino de España y, por consiguiente, “entre sus obligaciones está la de garantizar el cumplimiento de la Constitución y el de todas las leyes del estado”.
El portavoz socialista ha incidido además en que la sentencia condena al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio, por lo que serán “todos los armilleros quienes tengan que sufragar con sus impuestos la actitud prepotente y antidemocrática del alcalde”, ha concluido.