Las guarderías podrían no comenzar el curso por los impagos de la Junta, según el PP

El Partido Popular de Granada ha advertido hoy de que el inicio del curso escolar podría peligrar en las guarderías de la provincia como consecuencia de los impagos de la Junta de Andalucía con las empresas que gestionan estos centros educativos.

La parlamentaria y portavoz educativa del PP en el Parlamento Andaluz, Marifrán Carazo, ha desvelado hoy la situación de “emergencia y asfixia económica” que sufren la mayoría de las 134 escuelas infantiles de la provincia a las que la administración autonómica adeuda las cantidades correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, con un montante global que alcanza los 2 millones de euros en la provincia. La popular ha apuntado que pese a ello “la mayoría de las empresas han afrontado sus compromisos de nóminas o de pago a proveedores”.

Una deuda que podría incrementarse en las próximas semanas porque los responsables de las escuelas creen que la Junta no les pagará tampoco una cantidad correspondiente al mes de agosto que fue acordada el pasado año y que suponía, por gastos de funcionamiento, el 75% de la cantidades mensuales del resto del curso.

Carazo, que esta mañana ha mantenido una reunión con la patronal que agrupa a las empresas que gestionan la mayor parte de estos centros escolares, ha criticado a la Consejería de Educación “por realizar el mayor de los recortes, que consiste en no pagar aquellos servicios que las empresas están prestando por encargo de la Junta y no cumplir los compromisos adquiridos con ellas”.

Carazo ha recordado que la propia Junta ha impulsado un sistema en el que las guarderías conveniadas, es decir gestionadas por empresas privadas, son amplia mayoría frente a las gestionadas públicamente “por lo que ahora que no tiene dinero para pagar, la Junta se ha convertido en rehén de su propio sistema”.

“Lo que me han trasmitido las empresas es que en estas circunstancias y si no se alcanza al menos un acuerdo sobre un calendario de pagos, la mayor parte de las guarderías de la provincia no van a poder abrir sus puertas el 1 de septiembre. La conclusión es que la Junta, con su política de recortes, pone en riesgo la educación infantil de nuestra comunidad autónoma”, ha apuntado Carazo.

En ese sentido, la parlamentaria popular ya ha anunciado que el grupo popular presentará una proposición no de ley en el parlamento para exigir a Educación que elabore ese calendario de pagos “que al menos permita a las empresas organizar y planificar su funcionamiento”. En la proposición, el PP también reclamará que se mantenga el compromiso adquirido el pasado año para el pago de las partidas correspondientes al mes de agosto y que la administración autonómico inicie conversaciones con la comunidad educativa en torno a la necesidad de hacer un replanteamiento de su propio sistema de educación infantil, bajo el objetivo de favorecer la conciliación familiar y, en especial, de ayudar a las familias más desfavorecidas.

Marifrán Carazo ha señalado que los impagos de estos tres últimos meses no son los únicos recortes realizados por la Junta en Educación Infantil. La parlamentaria ha recordado que en el comienzo de la pasada legislatura, tanto el presidente Manuel Chaves, como la consejera de Educación, la granadina Teresa Jiménez, se comprometieron a alcanzar las 100.000 plazas de infantil para niños de entre 0 y 3 años en toda Andalucía. “En la actualidad hay 19.000 plazas menos de esa cifra, lo que ha supuesto que la Junta escatimase a los andaluces 23 millones de euros”, ha señalado.

La parlamentaria ha subryado que los recortes en educación infantil no son más que una parte más de los que la administración autonómica está realizando en todo el ámbito educativo, con impagos en los gastos de funcionamiento de los colegios públicos y de los colegios concertados o retrasos de hasta un curso en los pagos a las empresas auxiliares que prestan servicios como los de comedor o transportes.

“Esto no está ocurriendo en otras comunidades autónomas”, ha concluido Carazo, “eso sólo está pasando en Andalucía por la incapacidad del gobierno de la Junta de Andalucía”.