La secretaria de Políticas de Igualdad y Mujer de UGT, Mercedes Martín, ha rechazado el contenido de la instrucción que deja sin contenido disposiciones del Reglamento de la Ley de Extranjería, acordados en el marco del Diálogo Social y que posibilitan la renovación de autorizaciones de residencia y considera de dudosa legalidad esta medida que perjudica gravemente a la población extranjera.
La representante de UGT estima que éste es un indicador más de que la política migratoria de este Gobierno no solo obvia los consensos alcanzados, sino que parece tener como único objetivo hacer incómoda la vida en este país a la población de nacionalidad u origen extranjero, eliminando derechos y/o posibilidades de mantener la situación administrativa regular con la finalidad de promover el retorno a sus países de origen.
Para la ugetista, esta instrucción constituye no solo una práctica contraria al principio de seguridad jurídica, sino, que, sobre todo, perjudica gravemente a la población extranjera. Difícilmente se puede ser más ineficaz, a no ser que el objetivo del Gobierno sea otro; promover el retorno obligado a los países de origen, ha dicho.
El Sindicato no puede por menos, ha considerado la representante de UGT, que relacionar esta decisión, tomada unilateralmente por la Administración, con otras medidas en distintos ámbitos y que lesionan específicamente, derechos de la población española de nacionalidad u origen extranjero, como la suspensión del Fondo de apoyo a la acogida e Integración de Inmigrantes que se repartía entre las Comunidades Autónomas; el control de los perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo y las disposiciones en materia de atención sanitaria y que no solo dejaran sin esta prestación a las personas sin autorización para residir en España, sino que, dados los requisitos que se imponen, pueden dificultar o incluso impedir el acceso a la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación administrativa regular.
Un indicador más, ha observado la representante de UGT, de que la política migratoria de este Gobierno parece tener como único objetivo, hacer incómoda la vida en este país de la población de nacionalidad u origen extranjero, eliminando derechos y/o posibilidades de mantener la situación administrativa regular. Una manera, poco sutil, de promover un retorno difícilmente calificable como voluntario a los países de origen, ha concluido.