Archivada la causa contra la diputada de Empleo por las facturas impagadas de Marruecos

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha acordado sobreseer la causa que abrió contra la diputada de Empleo y Desarrollo de la Diputación de Granada, María Merinda Sádaba, y el interventor de la institución, Luis Fernando del Campo, tras la querella presentada por un grupo de proveedores de un programa del organismo provincial en Marruecos.

El juzgado cree que, una vez escuchadas a las partes, no se derivan responsabilidades penales por prevaricación y desobediencia como se había denunciado.

Los proveedores del plan de intervención en Marruecos denominado ‘Proyecto Magrec’, impulsado la pasada legislatura por la Diputación de Granada, acusaron a ambos de haberles dejado fuera del plan de pago a proveedores en virtud de una premisa falsa: que los pagos pendientes estaban vinculados con otro proyecto en Marruecos de la Diputación (el caso de la Feria de Tetuán) que estaba siendo investigado por los tribunales.

Los proveedores se consideran perjudicados al no poder cobrar por el deseo de la Diputación de incluir falsamente su expediente en otro caso con el que no tiene nada que ver.

La denuncia se interpuso porque la decisión de dejarles fuera del plan de pago a proveedores se tomó, dijeron los perjudicados, al margen de cualquier procedimiento legal y pisoteando dolosamente las normas administrativas.

‘Todo se hizo bien’

La diputada provincial de Empleo y Desarrollo de Granada, María Merinda Sádaba (PP) declaró el pasado 12 de julio que la actuación fue “correcta”. Sádaba declaró en calidad de imputada durante más de una hora en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde recalcó que su actuación fue “correcta” y defendió que su actitud responde a los informes técnicos de la Diputación de Granada.

“Hay un procedimiento judicial abierto de oficio por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que ve indicios de delito en cuanto al programa Mercamed y esas facturas están siendo investigadas”, defendió la diputada provincial de Empleo a preguntas de los periodistas tras prestar declaración judicial.

El caso Mercamed fue trasladado al Juzgado por la Fiscalía Provincial de Granada, que denunció a 13 personas por la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicas y falsificación de documentos durante el desarrollo del proyecto y la celebración de una feria en Tetuán en mayo de 2011.

“Actué en base a informes técnicos de la Delegación, que manifiestan que hay irregularidades en las facturas por las que han puesto la querella contra mí, de los que yo doy traslado”, ha explicado a Efe la diputada.

Según ha declarado Sádaba, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación, “jamás” se ha negado a pagar ninguna factura, sino que se ha limitado a “trasladar” su opinión hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre su legalidad en el marco del caso Mercamed.

“No me niego a pagar las facturas, lo que no voy a hacer, porque entonces sí estaría cometiendo un delito, es autorizar unos pagos a sabiendas, por informes técnicos, de que adolecen de muchas cuestiones tanto en fondo como en forma”, ha puntualizado la diputada granadina de Empleo.

Sádaba, que no ha sabido cuantificar el número de facturas ni su cuantía aunque ha recalcado que se trata de un número “amplio”, ha apuntado que siguen apareciendo día a día y que “saldrán muchas más cosas de este caso”.

La diputada provincial de Empleo ha considerado que esta denuncia responde a una “cortina de humo” del PSOE para quitar “hierro” a la investigación principal del caso Mercamed sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones cometidas durante el mandato del anterior equipo de gobierno (PSOE-IU).