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Imputado un guardia civil que se manifestó contra los recortes
Un guardia civil de Granada ha declarado como imputado como presunto autor de una infracción penal contra el orden público después de que el agente utilizase su indumentaria para manifestarse contra los recortes del Gobierno central el pasado 13 de julio.
Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado, los hechos se produjeron durante la celebración del Congreso del PP de Andalucía en el Palacio de Congresos de Granada, en cuyas inmediaciones se concentraron un grupo de funcionarios para protestar por las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Uno de ellos era un guardia civil quien, con una camisa verde y tricornio, utilizaba una soga al cuello, con la finalidad de que se interpretase el “estado de ahogo” que tanto los ciudadanos como los funcionarios “están padeciendo” mientras el Gobierno central materializa recortes económicos y sociales “y en especial” a los guardias civiles.
A juicio de este organismo, se ha hecho un uso “equivocado y arbitrario” de la legislación, al acusar a un sector de la cúpula “más inmovilista” del instituto armado y mediante la acción de oficio abriendo diligencias en demarcación territorial y funcional del Cuerpo Nacional de Policía en referencia a fotos publicada en los medios en las que se presencia la imagen del agente imputado.
La asociación ha asegurado que se desviaron equipos de Policía Judicial de Patrimonio para instruir las diligencias en lugar de su función propia que son las de investigar estafas u atracos.
La AUCG ha recordado que ya existen sentencias que permiten acciones como las que ahora se han denunciado con resultado absolutorio y que otrora “también promovieron ese sector inmovilista”.
Esta denuncia, continúa la nota, se hace con la finalidad de “callar” a los agentes de la Guardia Civil y “evitar” que no sean visibles por la sociedad al impedir reclamar sus demandas.
El portavoz de la AUCG en Granada, Cecilio Medina, ha lamentado estas situaciones que también se ejecutan con la intención de “criminalizar” una acción y someter a “escarnio público interno” a la persona que “lucha por sus derechos”.
