El PSOE de Granada llevará a todos los ayuntamientos de la provincia una moción que “va a obligar al PP a posicionarse si está a favor de los derechos de la mujer, de las garantías sanitarias cuando se produce una interrupción voluntaria del embarazo y de las políticas preventivas de embarazos no deseados”.
Así lo ha anunciado esta mañana el diputado y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, para quien “la intención del Gobierno del PP de derogar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Educación y Salud Sexual y Reproductiva es una enorme agresión a la mujeres y a sus derechos”.
Por ello, el representante socialista ha anticipado que el PSOE va a movilizar a la ciudadanía en contra de la reforma de la ley, que entró en vigor a mediados de 2010, y que ya ha conseguido, junto con las estrategias de prevención, una disminución del número de abortos en España por primera vez desde que en 1985 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.
El diputado socialista ha cifrado esa disminución en un 3% en el conjunto del país en el primer año de aplicación de la ley, y en un 10% en la provincia de Granada entre las mujeres menores de 20 años. Así, ha resaltado que en el año 2009, antes de la entrada en vigor de la actual ley, se registraron en la provincia 339 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 20 años, una cifra que ya con la ley en vigor se redujo a 296 (de ellos, 290 casos en mujeres de 15 a 19 años y 6 casos, en menores de 15 años).
Martínez Olmos ha precisado “que el cambio de la ley que pretende el Gobierno de Rajoy es innecesario desde la perspectiva de la prevención”. En su opinión, el Gobierno de Rajoy “está utilizando a las mujeres como cortina de humo para montar una polémica pública y mediática que tape los actuales problemas económicos por los que está atravesando el país y las consecuencias que tienen los recortes que están sufriendo los ciudadanos”.
“El señor Gallardón trata a las mujeres como seres inferiores, como si no tuvieran capacidad de decidir cuando quieren continuar adelante con su embarazo y cuando, por razones que están dentro de la normativa, consideran necesario interrumpirlo con garantías sanitarias, con garantías jurídicas y en igualdad de condiciones”, ha agregado.
Martínez Olmos ha criticado duramente que el Gobierno del PP pretenda excluir las malformaciones congénitas como supuesto para poder interrumpir voluntariamente el embarazo, especialmente “en aquellas patologías que hacen incompatible la vida o que hacen que la vida de esa persona que va a nacer sea indigna”. Sobre ello, ha añadido que en Granada se registran una media de 70 casos al año de abortos por malformaciones congénitas.
Según Martínez Olmos, la reforma de la ley “va a dar lugar a que haya dos tipos de mujeres en España: “un grupo con recursos económicos que podrá ir a cualquier país de la UE y abortar legalmente, con garantías sanitarias y con seguridad jurídica de los profesionales sanitarios, y otro grupo que por falta de recursos tendrá que recurrir a los abortos clandestinos, volviendo a lo que era la España franquista, con el enorme riesgo que supondría para la salud de la mujer, su morbilidad e incluso su mortalidad”.
“En estos momentos de crisis económica, con los enormes problemas que tiene el país, con cerca de seis millones de parados, nos parece absolutamente inadmisible y fuera de lugar que el Gobierno esté pensando en modificar una ley, que además está consiguiendo una disminución del número de abortos”, ha resaltado Martínez Olmos.