La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado siete años de cárcel para el trabajador de una entidad bancaria acusado de estafa y falsedad documental, ya que aprovechó la confianza de clientes, familiares y amigos para apropiarse de cerca de 150.000 euros de sus cuentas.
El acusado, Fernando G. T., regentó entre 2008 y 2010 una sucursal colaboradora del Banco Santander en el municipio de Gójar (Granada) gracias a un contrato mercantil con la firma financiera que le permitió operar con formularios y rótulo del banco.
Según consta en el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, el acusado “con ánimo de enriquecimiento ilícito”, aprovechó la cobertura del banco que le daba acceso a las cuentas de sus clientes para estafar y apropiarse del dinero de amigos y familiares.
Durante los dos años de trabajo en la oficina financiera, el acusado se apropió de cerca de 150.000 euros de los clientes utilizando diferentes estrategias para hacerlo y, en algunas casos, haciendo reintegros a las cuentas de sus clientes para fines personales.
Entre los estafados, una docena de personas, están sus hermanos y su cuñado, a los que engañó de diferentes maneras y ofreciendo paquetes de inversiones o plazos fijos que nunca existieron.
A uno de sus clientes le pidió dos entregas de dinero, de 17.000 y 5.000 euros, destinadas a un fondo de inversión con una rentabilidad del 4 % que nunca existió en la entidad, por lo que el acusado aprovechó los 22.000 euros para fines personales.
Entre los clientes más afectados por la estafa está la hermana del acusado, que le entregó 10.000 euros para dos planes de ahorro que no existían, y su hermano, al que le extrajo de la cuenta 65.000 euros en diferentes operaciones entre 2009 y 2010.
La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión por un delito continuado de estafa con la alternativa de apropiación indebida y otros dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental.
La Audiencia de Granada lo juzgará por estos hechos el próximo 25 de septiembre, pedirá además una multa de 3.420 euros, mientras hasta la fecha los afectados soportan las cantidades defraudadas.