El portavoz municipal, Francisco Puentedura Anllo, pide que el Ayuntamiento no sea colaborador necesario y por tanto que ningún policía local participe en un desahucio y se de apoyo de servicios sociales y jurídico a las familias afectadas.
El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha exigido al gobierno municipal del PP la puesta en marcha de un plan de atención a las personas desahuciadas de su vivienda por motivos económicos con objetivo de que la ciudad de Granada sea declarada “ciudad libre de desahucios” y por tanto el Ayuntamiento ampare a los centenares de familias granadinas que como consecuencia de la crisis y por las condiciones abusivas de los créditos hipotecarios “van a perder su vivienda habitual”.
Según explica Puentedura los datos del Consejo General del poder Judicial indican que en España desde 2007 a 2011 se han producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias por impagos, ello implica que este año centenares de familias granadinas están en riego de sufrir un desahucio. La mayoría de estos casos son familias que han perdido el empleo y han agotado todo tipo de prestaciones sociales “con lo cual no pueden cubrir sus necesidades más básicas y no pueden pagar las letras de su hipoteca”. “En estos casos numerosos bancos y entidades financieras utilizan la ley hipotecaria de una forma despiadada” indica el concejal de IU, quien explica que cuando se produce una ejecución hipotecaria la vivienda va a subasta y si no se presentan postores, lo que ocurre en el 90% de los casos, el banco puede adjudicarse la vivienda por un 60% de su valor de tasación. “Estas familias a pesar de perder su vivienda siguen manteniendo gran parte de la deuda y se les pueden embargar otros bienes e ingresos en el futuro porque siguen arrastrando esta carga” indica Puentedura quien además señala otras cláusulas abusivas “como son las de suelo-techo o de los intereses moratorios al 20%”. Todo ello, según el edil de IU, “vulnera el artículo 47 de la Constitución Española que obliga a los poderes públicos a luchar contra la especulación inmobiliaria y a garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada”.
Es por ello que IU propone que el Ayuntamiento no sea “colaborador necesario” ante los desahucios y estos abusos de las entidades financieras. Para ello la organización de izquierdas propone “que el Ayuntamiento no ponga ningún policía local a disposición de las órdenes de un desahucio como viene sucediendo en Granada, ya que no tiene competencias como policía judicial”. Asimismo Puentedura plantea que el Ayuntamiento cree protocolos de actuación de servicios sociales para que en casos de desahucios pidan al juez la suspensión del mismo, el apoyo de los servicios jurídicos municipales para amparar legalmente a las familias que sufran esta situación además de que el Ayuntamiento intermedie con los bancos y entidades financieras que operan en Granada, especialmente Caja Granada y Caja Rural, “para que no promuevan desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria” indica Puentedura.
Además el portavoz municipal de Izquierda Unida pide “que el Ayuntamiento de Granada exija al Gobierno de España que adopte medidas necesarias que hagan posible la dación en pago y que con la entrega de la vivienda esté completamente cubierta la deuda con los bancos y la aprobación de una moratoria sin intereses añadidos de las deudas hipotecarias de estas familias que tienen una situación de insolvencia como consecuencia de haber perdido el empleo”. Para Francisco Puentedura se tratan de medidas urgentes en el ámbito de las competencias que tiene el Ayuntamiento para así no colaborar con ningún desahucio en la ciudad de Granada, “porque entendemos que la vivienda es un derecho y no una mercancía para la especulación en los bancos y porque es injusto que centenares de familias granadinas se vean en la calle mientras en la ciudad de Granada hay más de 15.000 viviendas vacías”.