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Agentes locales de Promoción de Empleo de Granada se encierran contra el ERE
Los 130 agentes locales de Promoción de Empleo de la provincia de Granada secundan desde primeras horas de esta tarde un encierro en la sede de la Delegación de Empleo después de que se les haya comunicado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la Junta de Andalucía.
Según ha informado el sindicato UGT en un comunicado, la Junta de Andalucía, que argumenta la adopción de la medida en los recortes presupuestarios del Gobierno central en materia de políticas activas de empleo, ha comunicado ya a los trabajadores su “inminente despido”, que será efectivo a partir del 30 de septiembre.
El presidente del comité de empresa de los agentes locales de Promoción de Empleo, Javier Jiménez (UGT), ha subrayado la labor de este colectivo de trabajadores durante casi diez años en el ámbito del desarrollo socioeconómico de los municipios.
En su opinión, estos despidos vulneran la legalidad porque, según dice, la ley de Reordenación del Sector Público Andaluz exige la inclusión de estos profesionales en el Servicio Andaluz de Empleo al producirse la extinción de los consorcios en los que trabajan.
El dirigente sindical ha pedido una prórroga de tres meses antes de hacer efectivos los despidos, a la espera de la aprobación de los nuevos presupuestos que hagan posible dar continuidad al programa en materia de políticas activas de empleo.
Los trabajadores, que han iniciado el encierro a las 14.00 horas, acudirán a los juzgados si el proceso de despidos no se paraliza.
Para José Carlos Ibea (CCOO), miembro del comité de empresa, esta decisión supone el despido de casi 800 trabajadores en toda Andalucía, pertenecientes a un colectivo con una amplia experiencia en desarrollo local y políticas activas de empleo (más de 18 años en algunos casos) y cuya actividad, dice, es “mucho más necesaria” ahora con la actual situación de desempleo.
El sindicalista ha criticado al Gobierno central por el recorte en las políticas activas de empleo, y a la Junta por “no apostar decididamente por la continuidad de este colectivo”.
