UGT se opone a la suspensión de convocatorias y concesiones al personal de Diputación

La sección sindical de UGT en la Diputación de Granada ha mostrado su rechazo a la suspensión temporal de convocatorias y concesiones al personal que prevé aplicar la institución para ahorrar costes, al considerar que la medida no será efectiva.

Así lo señalado en declaraciones a Europa Press el secretario de la sección sindical de UGT, Rafael Leiva, antes del encuentro que sindicatos y administración mantendrán este martes para abordar la negociación de las nuevas condiciones laborales resultantes del Decreto 20/2012 puesto en marcha por el Gobierno central y que incluye la regulación de la nueva jornada, que pasa de 35 a 37,5 horas semanales.

A juicio de Leiva, este aumento de la jornada laboral “no va a mejorar ni a empeorar nada”, especialmente en lo que se refiere a la sede central, cuyo horario de invierno es de ocho de la mañana a tres de la tarde. Según ha explicado, se están barajando varias opciones como ampliar en una hora el horario de apertura –fijándolo de 7,00 a 16,00 horas– o “abrir por la tarde una vez a la semana”, por ejemplo de cuatro a ocho.

Esta última opción será rentable “en función de si hay mucho personal que quiera ir a trabajar” en este horario, a tenor de los costes de luz, calefacción y demás servicios necesarios para mantener el edificio en funcionamiento, ha precisado Leiva.

Así las cosas, el sindicalista ha augurado que la nueva jornada laboral tendrá una mayor repercusión en los trabajadores de los centros sociales dependientes de la Diputación, como La milagrosa y el Reina Sofía, ya que la plantilla trabaja por turnos y tiene estipulados sus descansos en función de los mismos, por lo que ahora deberán adaptarlos. Según los cálculos de Leiva, es posible que tengan menos, lo que en consecuencia disminuirá la contratación del personal eventual que se encargaba de sustituir a la plantilla en sus días libres.

El sindicalista se ha mostrado consciente de que la adaptación de la jornada laboral es una medida “impuesta” que no admite negociación, pero sí ha advertido de que UGT, que preside el comité de empresa, se va a oponer a la suspensión de convocatorias y concesiones anunciada para ahorrar unos 500.000 euros.

Concretamente, el diputado delegado de Función Pública de la Diputación, Francisco Javier Maldonado, señaló el pasado agosto que estas convocatorias y concesiones que quedarían suspendidas hasta la mejora de la situación económica “comprenden ayudas sociales y al sepelio, sexenios por formación, premios de constancia de 25 y 30 años, complementos por dispersión geográfica, consolidación de grados por formación, indemnizaciones por accidente y jubilación anticipada, así como anticipos reintegrables y por vehículos”.

El sindicalista se ha mostrado convencido de que estas medidas no van a suponer la citada cifra de ahorro y ha lamentado que se “pretenda transmitir a la opinión pública que hay una cantidad de dinero a la que ellos pueden meter mano porque son prebendas que no deberíamos tener los empleados públicos, porque eso es mentira”, ha asegurado.

De hecho, aboga por llevar a cabo una “racionalización de la plantilla” que permita adaptar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a las necesidades de la institución, de modo que “no haya unos servicios que están sobredimensionados mientras que en otros falta gente”. Así, ha opinado que “es el momento de plantearse poner un poco de orden” en estas cuestiones porque “es ahí donde está el ahorro”.