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El Consultivo avala la negativa de la Junta a pagar 20 millones a la promotora Frai
El Consejo Consultivo de Andalucía ha respaldado la negativa de la Junta a indemnizar a una promotora que reclamaba cerca de 20 millones de euros por los perjuicios derivados ante la falta de ejecución de unas licencias urbanísticas a causa de la servidumbre aeronáutica de la base militar de Armilla (Granada).
Según consta en el dictamen del órgano consultivo con sede en Granada, al que ha tenido acceso Efe, la empresa Frai, promotora de una macrourbanización en el municipio de Alhendín, consideraba a la administración autonómica, junto a la local y estatal, responsable solidaria de los perjuicios derivados de la tramitación urbanística.
Todo ello, indicaba Frai, en la medida en que estas tres administraciones habían participado en el proceso de tramitación de los instrumentos urbanísticos y en la concesión de las licencias que no pudo ejecutar “en sus propios términos”.
El Consultivo, al que la Consejería responsable de Obras Públicas y Vivienda le pidió que se pronuncia, finalmente ha dictaminado favorablemente a la propuesta de acuerdo “desestimatorio” en el procedimiento tramitado por la Junta de Andalucía.
Al respecto, argumenta en su dictamen que los daños alegados no pueden atribuirse a la actuación de la Consejería y que no queda “acreditado” que ésta haya causado en este caso un daño “antijurídico” que fundamente la indemnización solicitada.
Entre otras cuestiones, el Consejo Consultivo señala que la parte reclamante “debía conocer” que las obras para la construcción de más 1.000 viviendas podían estar afectadas por las servidumbres aéreas de la base militar de Armilla y que debió solicitar la correspondiente autorización antes de su inicio.
El órgano añade asimismo que un detenido examen del expediente “no permite” tampoco establecer “el nexo causal” entre la actuación de la Consejería y los daños alegados por Frai.
La reclamación fue presentada por la promotora después de que, en mayo de 2007, el Ministerio de Defensa le abriera un expediente administrativo por invadir la base aérea de Armilla con una macrourbanización de viviendas que estaba acometiendo en el municipio limítrofe de Alhendín.
Para poder seguir adelante con la promoción de viviendas, el Ministerio impuso a la promotora una serie de requisitos y la empresa tuvo que modificar la altura de una macrourbanización cercana a la base y costear modificaciones en la pista de vuelo para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.
