La Junta recurrirá al Constitucional el decreto sobre los horarios comerciales

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, el tercero que presenta en esta legislatura, contra el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria en lo referente a la liberalización de horarios comerciales, que afectan a varias ciudades incluida Granada.

A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 27 y 28 del Real Decreto Ley 20/2012 “vulneran y vacían de contenido” competencias autonómicas exclusivas sobre horarios comerciales y rebajas, así como sobre ordenación del comercio minorista.

Además de las dos disposiciones relativas al comercio, el recurso incluye la impugnación del artículo 8 del decreto, que modifica el Estatuto Básico del Empleado para establecer un modelo uniforme de vacaciones y permisos en todas las comunidades autónomas.

El Ejecutivo andaluz cree que esta regulación no sólo merma derechos laborales reconocidos hasta ahora, especialmente en lo referido a permisos por maternidad (cuatro semanas menos que en Andalucía), sino que también vacía de contenido las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica.

Respecto a los horarios comerciales, el titular de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha justificado la presentación de este recurso “en la defensa de los intereses de pequeños y medianos comerciantes”, sector por el que el Gobierno andaluz “ha apostado y seguirá apostando como elemento estructural de nuestra economía y de nuestra fisonomía urbana”.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Rodríguez, quien ha recordado que el comercio andaluz agrupa a 185.000 establecimientos, que emplean a 452.000 andaluces y que genera el 8 % del PIB autonómico, ha precisado que la regulación del comercio ha funcionado “razonablemente bien” debido al consenso con el sector, incluidas las grandes superficies, y con las autonomías.

“Ningún sector, dentro del comercio andaluz, había trasladado a la Junta la necesidad de cambiar las reglas del juego y, en este contexto, llega el PP y por la vía de la imposición ha roto el consenso social y constitucional”, ha denunciado el consejero, que ha lamentado que dicha norma pone “al pie de los caballos” al pequeño y mediano comercio.

Rodríguez ha denunciado que la reforma ha sido elaborada “al dictado de los intereses de las multinacionales del sector”, tras lo cual ha dicho que es “falso” que se pretendan liberar los horarios comerciales porque en Andalucía, más del 97 por cientos de los pequeños y medianos comercios pueden abrir cualquier día del año a cualquier hora, pero no lo hacen porque no les resulta rentable.

“En un contexto de continuos recortes, de desempleo y aumento del IVA, estas medidas no van a aumentar el consumo, sino que sólo pretenden trasladar las compras del pequeño comercio de los barrios a las grandes superficies”, ha insistido.

El Consejo de Gobierno recurre porque considera que la norma estatal supone una “extralimitación” que deja sin margen a la comunidad para determinar los domingos y festivos de libre apertura y la declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.

También considera una invasión competencial el artículo 28 por introducir medidas de liberalización en materia de rebajas, de forma que permite a los comerciantes determinar libremente los periodos y su duración, que hasta ahora estaban regulados.

Además de la invasión de competencias, la Junta también advierte de la posible vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española por el uso “abusivo, arbitrario” e inadecuado del instrumento del Real Decreto-Ley, para el que la Constitución exige la concurrencia de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Entre otros cambios normativos, el Real Decreto-Ley fija en 90 el número de horas de apertura semanal de los establecimientos comerciales en días laborables y en la horquilla de 10-16 la cifra de los domingos y festivos autorizados.