El subinspector de la Policía Nacional suspendido de funciones y acusado de filtrar información policial a otras personas relacionadas con el tráfico de drogas ha sido absuelto por la Audiencia de Granada, donde fue juzgado junto a otros procesados, que sí han sido condenados por tentativa de robo.
Según la sentencia, la acción de Antonio M.L. sólo supuso el quebrantamiento de la reserva policial, pero “en modo alguno” fue una revelación de secretos “en sentido propio” ya que obedecía a “intercambios de información” para obtener “mejores réditos policiales” y no para procurar la impunidad de otros acusados.
La resolución de la Sección Segunda, a la que hoy ha tenido acceso Efe, recoge que no hay elementos de juicio de los que se pueda deducir alguna autoría en el robo y la revelación de secretos por parte del subinspector, cuyo letrado defensor ha sido Luis Felipe Martínez de las Heras.
En este sentido, añade que pese a los indicios que originaron la investigación, no hay “otras corroboraciones” que acrediten que el procesado era “plenamente consciente” de que se fuese a cometer un delito de robo o secuestro, de ahí que no concurra prueba “válida y eficaz” para desvirtuar su presunción de inocencia.
La Sala considera, en definitiva, que en este caso no se produjo “ningún daño” al servicio público ni a terceros, si bien añade que se deben considerar los hechos enjuiciados como constitutivos de una “posible infracción administrativa”.
La sentencia que absuelve al subinspector de un delito continuado de revelación de secretos y de otro de robo con intimidación en grado de tentativa, si condena en cambio por este último delito a otros cinco acusados a once meses de prisión para cada uno.
Los hechos se remontan a 2006 cuando Antonio M.L., que había estado destinado en el Grupo Operativo de Estupefacientes y que posteriormente pasó al Grupo Operativo de Robos de Vehículos, accedió en numerosas ocasiones a diversas bases de datos policiales para obtener información sobre personas presuntamente involucradas en el tráfico de estupefacientes.
Estas consultas carecían de “motivación profesional” dado que no afectaba a la labor policial que entonces hacía en el Grupo de Robo de Vehículos, pero tenían como objeto seguir recabando informaciones de un confidente también acusado, quien junto a otros procesados planificaría un robo que no llegó finalmente a producirse.
Durante la última sesión del juicio, celebrado el pasado abril, la Fiscalía ya redujo su petición de condena para el subinspector al considerar que no quedaban probados los fines con los que utilizaba la información que obtenía de las bases de datos de la Policía Nacional.
El subinspector de Policía declaró en la vista que “nunca” conspiró contra nadie ni filtró datos que pudieran perjudicar a la Policía Nacional y subrayó que si hubo conspiración “fue de asuntos internos contra él y su familia”.
El resto de los acusados manifestaron por su parte en el final del juicio que el subinspector no tuvo nada que ver con el intento de robo.