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La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja de indefensión planteada por el historiador Miguel Caballero, que pidió a la Junta hacer un estudio geotécnico que determine la existencia de restos humanos en una finca de Alfacar donde podría estar enterrado García Lorca.
En su queja, presentada el pasado agosto, el investigador lamentaba la falta de respuesta por parte de la Junta a la solicitud que presentó hace meses ante esa administración para hacer una prospección en un terreno privado de la localidad granadina.
Por ello, solicitó amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le pidió que se interesara por la marcha de su expediente e instara a la Delegación de la Consejería de Cultura en Granada a resolverlo “en cualquier sentido”, y le puso de manifiesto su “indefensión y “desamparo” ante la administración autonómica.
Según ha informado hoy a Efe Caballero, la Oficina del Defensor ha admitido ahora a trámite su queja, lo que le ha hecho saber a través de un escrito en el que le traslada que ha iniciado las actuaciones necesarias ante los órganos afectados “para poder conocer todos los datos precisos que afectan a la cuestión planteada”.
Recientemente, la Junta de Andalucía se comprometió a agilizar la tramitación de la petición planteada por el investigador, en el transcurso de una reunión con la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, Ana Gámez, tras el cruce de opiniones mantenido hasta entonces por ambas partes.
En concreto, el investigador se declaró autorizado, por silencio administrativo de la Junta de Andalucía, para hacer un estudio geotécnico que determinara la existencia de restos humanos en una finca de Alfacar, pero la administración autonómica sostuvo que en este caso, tal silencio no podía interpretarse como un permiso.
Por otra parte, el historiador pedirá mañana a la Fiscalía que investigue el supuesto hallazgo de huesos en el Parque Federico García Lorca de Alfacar durante su construcción, en el año 1986, después de que nuevas informaciones periodísticas refuercen esa posibilidad, que ya fue hecha pública en 2008.