Montero alerta del sobrecoste de un modelo seguro privado frente al sistema público

La consejera de Salud y Bienestar Social ha alertado hoy del sobrecoste de un modelo de aseguramiento frente a un sistema de salud público, universal y gratuito. En una intervención en el “Foro Ideal”, María Jesús Montero ha insistido en que hay alternativas para preservar y reforzar un sistema nacional de salud (SNS) financiado con los impuestos generales y que Andalucía está llevando a cabo una serie de medidas para mantener la calidad de este sistema que ha demostrado su superioridad, tanto en términos de resultados en salud como de eficiencia y, sobre todo, de equidad.

Durante su comparecencia, Montero ha matizado que solo algunos sistemas sanitarios pueden denominarse ‘nacional’ pues son modelos específicos y avanzados para la organización de la sanidad pública. En un Sistema Nacional de Salud, toda la población tiene derecho a la atención sanitaria, que se financia por impuestos, directos e indirectos. Dado que la contribución al sostenimiento de la sanidad pública se realiza con anterioridad, y por el conjunto de población, cuando es necesaria, la atención se presta de manera gratuita. Este es el modelo que han seguido otros países de la Commonwealth y los países nórdicos, y que se adoptó en España, en 1986, con la Ley General de Sanidad.

En 2011 se celebró el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad y con ella nació un Sistema Nacional de Salud que ha logrado que el bienestar no dependa del patrimonio individual, que se ven garantizados por el Estado con la contribución de todos. Montero ha alertado de que sólo un año después, el Gobierno central ha iniciado un proceso que significará la voladura del Sistema Nacional de Salud, con la destrucción de los principios básico de universalidad, gratuidad e integralidad.

Como ejemplos de países avanzados que no han adaptado este tipo de modelo, la consejera ha señalado a Estados Unidos que es el país que más dinero gasta en sanidad -el 17.6% PIB en 2010- y que cuenta con más de 50 millones de personas sin cobertura sanitaria. En este país, solo los programas que dan cobertura a los grupos más desfavorecidos para algunas prestaciones básicas (Medicare y Medicaid), suponen casi más del 7% del PIB en EEUU, prácticamente lo que nos cuesta el SNS con todas sus prestaciones en España. Otro ejemplo es Reino Unido, donde se está llevando a cabo una reforma ideológica que no supondrá ahorros para el sistema. Dos años después del inicio de la reforma, el NHS asiste a un deterioro en la satisfacción de los pacientes, (del 70% al 58%).

La consejera ha asemejado esa reforma a la que se está llevando a cabo actualmente en España y una quiebra en el modelo con la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 que supone que se hable de “universal aunque haya personas sin cobertura, o de gratuito aunque haya que abonar prestaciones”. Montero ha recordado que la OMS acota el concepto de la universalidad a tres dimensiones: no excluir a nadie, no excluir prestaciones y no introducir barreras económicas en el acceso. Por lo tanto, la máxima responsable de la sanidad andaluza ha manifestado que se está llevando a cabo un “retroceso hacia un modelo de aseguramiento con impacto negativo directo en la calidad y en la equidad de la atención, pero que no va a ser más barato ni más eficiente”.

Universalidad frente a modelo de aseguramiento

Los resultados de un estudio del profesor de economía Adam Wagstaff encargado por el Banco Mundial desvela que los modelos de aseguramiento son de un 3 a un 4% más costosos, tienen un efecto negativo sobre el empleo de un 8 a un 10% y peores resultados en salud.

En este sentido, la consejera ha insistido en que los modelos de aseguramiento son monstruos burocráticos con grandes costes de administración y que en Estados Unidos llegan a abarcar de un 7 a un 9% del gasto sanitario. En Andalucía, el coste administrativo del sistema sanitario supone menos de un 1%. Esto se suma al sobrecoste de la atención tardía ya que cuando no se abordan precozmente las enfermedades requieren finalmente acciones más complejas y a las barreras al acceso, que aunque reduce la frecuentación a atención primaria, incrementa los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias, y por lo tanto los costes.

Los sistemas nacionales de salud fortalecen la atención primaria y la prevención y promoción de la salud, al contrario de los modelos de aseguramiento, que se centran en la enfermedad, produciendo peores resultados en salud y a un coste mayor. Montero ha destacado que existe más de “medio siglo de estudios que ratifican que el modelo universal es más barato que el de aseguramiento, más eficiente, más sostenible, más justo y equitativo, genera más desarrollo social y mayor riqueza”.

La consejera ha realizado un recorrido por la historia de la sanidad pública española y ha trasladado que hasta 1986, España contaba con un modelo de aseguramiento, muy fragmentado, con casi un 20% de la población sin seguro, atendida por la beneficencia de ayuntamientos o diputaciones. Sin embargo, en 2010, la revista Newsweek lo situaba como el tercer mejor sistema de salud del mundo.

La Ley General de Sanidad vino a desarrollar el mandato constitucional del reconocimiento del derecho a la protección de la salud (art. 43 y 49 CE), y a articular la responsabilidad de los poderes públicos según la nueva organización del territorio en comunidades autónomas. Montero ha asegurado que es una de las “políticas sociales que más ha hecho por la equidad y que más ha contribuido a evitar la exclusión social”. Además, ha insistido en que se ha conformado como baluarte para la “redistribución de la riqueza y gran empresa generadora de empleo estable”.

Medidas de eficiencia implantadas en Andalucía

La consejera ha desglosado las medidas que ha tomado Andalucía para garantizar la sostenibilidad y ha citado, entre otras, la atención sanitaria en el lugar más adecuado, a través de la atención primaria, la atención integral a la dependencia y las acciones de salud pública. Asimismo, ha destacado el uso racional de los recursos a través de políticas como la del uso racional del medicamento o la reducción del coste en procesos de soporte a través de mecanismos como las plataformas logísticas de contratación, eficiencia energética y racionalización de la alta tecnología.

Esto se suma al compromiso y motivación profesional en la gestión de recursos y adecuación del capital humano mediante el modelo de Gestión Clínica, la carrera profesional y la acreditación profesional o a la vinculación a los centros sanitarios públicos de la estrategia I+D+i para que la transferencia de conocimientos sea inmediata.

La consejera ha desglosado los resultados de algunas de estas medidas como el ahorro en 2010 con la agregación de compras -100 millones de euros- o la instalación de gas natural en 11 hospitales -1,5 millones de euros-. En los últimos 10 años la Junta también ha ahorrado 37 millones de euros gracias a la prescripción por principio activo.