La Fiscalía de Granada ha pedido 4 años de prisión para cada uno de los dos hombres acusados de un delito de insolvencia punible al vender de manera fraudulenta los bienes de una empresa que se iba a declarar en concurso de acreedores para dificultar así los pagos pendientes y declararse insolventes.
Uno de los acusados, de iniciales A.P.G., trabajaba como el gerente único de una empresa de construcción afincada en Armilla (Granada), y por problemas financieros se declaró en concurso necesario de acreedores en junio de 2008, según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe.
Antes de presentar la declaración en el juzgado, se deshizo de los principales bienes de la empresa para dificultar así el cobro pendiente de los acreedores de la empresa de construcción.
El acusado realizó una serie de operaciones para poner a disposición de terceros “bienes y saldos bancarios con el fin pretendido, ocultando de su titularidad los mismos de cara a eventuales acciones judiciales claramente previsibles, todo ello sin ningún tipo de respaldo documental que justificara la necesidad o carácter perentorio de tales operaciones”.
Con el objetivo de ocultar bienes y dinero, firmó una escritura con el también acusado T.R.M., al que vendió como responsable de una empresa tres inmuebles valorados en 190.000 euros, aunque su valor real de tasación superaba los 310.200 euros.
De esta venta se declararon pagados más de 142.000 euros, aunque la cantidad no se ingresó en las cuentas de la empresa ni se argumentó de ningún modo su paradero.
Del mismo modo, el primer acusado transfirió, entre los meses de junio y agosto de 2006, más de 438.000 euros de la empresa a una tercera firma, de la que también era administrador.
Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado los cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados por un delito de insolvencia punible, y una multa de 9.000 euros.
Además, la Fiscalía ha solicitado que se declare nula la venta de los tres inmuebles, para que vuelvan a ser patrimonio de la empresa para responder a los pagos pendientes de sus acreedores, y el pago de A.P.G., con la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Husga y Cenyt Granada de 438.600 euros a los acreedores que constan en el concurso de la empresa presentado en 2008.