Para el portavoz municipal, Francisco Puentedura, el techo de gasto que el Ministerio de Hacienda quiere imponer a los presupuestos de la Junta, supondrá un recorte de unos 3 millones de euros a programas y servicios del Ayuntamiento de Granada cuya financiación depende de la comunidad autónoma.
El portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, Francisco Puentedura Anllo, ha lamentado la negativa del equipo de gobierno municipal del PP y del alcalde de Granada a debatir, y por tanto que elimine del orden del día del próximo pleno, una moción que rechace el “ataque frontal” a los andaluces y también a los Granadinos por la imposición del Ministerio de Hacienda de un techo de gasto a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo presupuesto para el año 2013 no podrá superar el objetivo de deuda autonómica del 12´3 de su producto interior bruto, cuando a otras comunidades autónomas como Valencia, Castilla la Mancha o Cataluña se les permite más del 23%. Según explica Puentedura con este techo el gobierno de Rajoy pretende que en 2013 la deuda de las comunidades autónomas no supere el 15´5% de su PIB, objetivo que ya cumple la Junta de Andalucía con el presupuesto de 2012, sin embargo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera El ministerio de Hacienda rebajó el objetivo para Andalucía en 2´3% de su PIB lo que supondrá 2.700 millones de euros menos en el presupuesto de la Junta para el año que viene “afectando directamente a servicios públicos básicos como Educación, Sanidad y políticas sociales y de empleo que afectan directamente a la calidad de vida de los andaluces”.
Francisco Puentedura indica que junto al impacto directo sobre los servicios públicos la aplicación de este recorte afectará de forma “dramática” a los municipios, “con reducción de planes concertados, mantenimiento de centros educativos, servicios sociales, actividades culturales y deportivas y políticas de empleo, de turismo y ayudas de dependencia para los que los Ayuntamientos no contarán con financiación suficiente”. El portavoz municipal de la organización de izquierdas cifra en tres millones de euros “lo que la ciudad de Granada dejará de percibir para todos estos programas que cuentan con cofinanciación de la comunidad autónoma y exige al alcalde de Granada que se retrate y rechace una imposición del gobierno de Rajoy que dejará a cerca de 900 usuarios granadinos de estos servicios municipales sin estas prestaciones básicas”.
Para el portavoz municipal de IU este techo es “injusto”, porque parte de una realidad de la deuda de cada comunidad autónoma muy distinta, Andalucía es la comunidad autónoma que menos debe por habitante, 1.800 euros de deuda autonómica por cada andaluz, mientras que otras comunidades autónomas como Madrid y Castilla la manca superan los tres mil euros por habitante y en el Caso de Valencia y Cataluña los cinco mil euros “sin embargo el Gobierno de Rajoy premia a las comunidades que más han derrochado en años anteriores y castiga a comunidades Autónomas como Andalucía que han sido más responsables con el dinero público”. Puentedura asegura “que se trata de una redistribución de la carga financiera del estado de las Autonomías por la cual unas regiones como Andalucía son obligadas a apretarse el cinturón, más allá de lo soportable, para que otras mantengan el nivel de despilfarro irresponsable que ha generado espectáculos como el Aeropuerto de Castellón, el circuito de fórmula uno de Valencia o el enriquecimiento ilícito de los de la trama Gürtel, afectando también a servicios municipales básicos que deben recibir los andaluces y granadinos”.
Izquierda Unida critica que el alcalde no haya querido defender a la ciudad y el Ayuntamiento de Granada “con una moción destinada a rechazar este tijeretazo que pretende imponer el gobierno del PP a la comunidad autónoma de Andalucía” y asimismo reclamar “la suficiencia financiera necesaria para mantener el nivel y la calidad de los servicios públicos, e iniciar así una salida a la crisis a través de la economía productiva”. Francisco Puentedura ha llamado a la movilización de la ciudadanía granadina “para rechazar esta imposición y exigir al Estado la necesidad de avanzar en una financiación justa que no se base en recortes antisociales y que promueva el mantenimiento de unos servicios a la ciudadanía que garantice sus derechos recogidos en la Constitución Española”.