Trabajadores de la Diputación protestan en el pleno con fuerte presencia policial

La Diputación de Granada ha aprobado en pleno el resultado de la cuenta general de 2011, que se ha cerrado con un déficit de 25 millones de euros y ha confirmado que, “en cumplimiento de la normativa vigente”, se aplicará durante los tres próximos años un plan de reequilibrio financiero para alcanzar el déficit cero.

Así lo ha señalado la diputada provincial de Economía, Inmaculada Hernández, durante la exposición de este punto del orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno provincial, del PP.

Este plan económico-financiero supondrá diversos “ajustes y no nos gusta”, ha señalado la diputada, que ha achacado esta situación a la gestión realizada en el anterior mandato por la coalición de PSOE e IU, toda vez que ya en abril de 2011 “llevó un expediente a pleno” en que se aludía a un déficit de 54 millones de euros que alcanzó los 57 millones unos meses después.

Así, la diputada de Economía ha defendido la labor realizada por su departamento desde que cambiara el equipo de gobierno tras las elecciones municipales de 2011 para rebajar esa “deuda” hasta los actuales 25 millones de euros y ha tachado de “irresponsable” a la oposición al mostrarse convencida de que “conocían” esta situación y no la desvelaron.

Por su parte, el diputado socialista José María Aponte ha explicado que la intención inicial de su grupo era votar a favor de la cuenta general correspondiente a 2011 al sentirse “corresponsables” de la mitad del ejercicio, sin embargo las declaraciones públicas realizadas esta semana por el equipo de gobierno le han hecho cambiar de opinión.

Concretamente, Aponte ha recriminado a los populares que “amparen” los “duros recortes” que pretenden aplicar en un “resultado presupuestario” que a su juicio es “bastante adecuado” a tenor de la actual situación de crisis económica.

“Votaremos en contra con toda la tristeza del mundo” debido a “su política mediática en la que solo quieren alarmar a la ciudadanía y meter miedo a los trabajadores” cuando “siguen con el despilfarro”, ha clamado Aponte refiriéndose al gasto que se ha podido realizar en la “contratación de personal de confianza a dedo” y en “autobombo”.

Así, ha lamentado que el Gobierno de la Diputación actúe como “alumnos aventajados de Rajoy” en cuanto a la aplicación de medidas de ajuste.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del grupo de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, cuyo grupo también pretendía votar a favor de esta cuenta general de 2011 por estar de acuerdo con ella, pero que finalmente no lo ha hecho al estar en desacuerdo “con el análisis realizado por la diputada” sobre la misma.

Protestas de los trabajadores

Varios trabajadores de la Diputación se han desplazado al salón de plenos para presenciar el debate de este punto y han portado diversas pancartas reivindicativas protestando por las medidas que se pretende aplicar a la plantilla.

En posteriores declaraciones a los medios, los responsables sindicales han explicado que entre las medidas del Gobierno central y el provincial la plantilla ha perdido un 18 por ciento de poder adquisitivo, al tiempo que se pretenden suspender convocatorias y concesiones que comprenden ayudas sociales y al sepelio, así como a productividades y complementos por dispersión geográfica, entre otros asuntos.

Por ello, se han preguntado por qué los diputados no reducen o eliminan sus pagas extras para afrontar el déficit en vez de centrar sus medidas en la plantilla, a la que se le ha transmitido, según ha dicho, que si los problemas persisten podrían producirse despidos.

Este extremo ha sido negado en declaraciones a los medios por el diputado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, quien ha dicho respetar las movilizaciones de los trabajadores.

No obstante, ha recordado que en la institución existe un desequilibrio de 25 millones de euros y que “hay que alcanzar el déficit cero en los tres próximos años” y para ello, ha añadido, “hay que reajustar muchas partidas de todas las áreas”.

Según ha precisado, será este jueves cuando arranquen las negociaciones con los sindicatos para intentar llegar a acuerdos en la aplicación de las medidas previstas.

El PSOE denuncia el desproporcionado despliegue policial

El grupo socialista de la Diputación de Granada ha mostrado su rechazo al “desproporcionado” despliegue policial decretado por el PP en los accesos a la corporación provincial con motivo del pleno ordinario celebrado hoy. Hasta tres furgones del Cuerpo Nacional de Policía custodiaban esta mañana la entrada al edificio de la institución y los agentes han procedido incluso a exigir la identificación a algunos periodistas antes de acceder al recinto, así como a reclamar el visionado de las fotografías tomadas.

“¿A qué tiene miedo el gobierno del PP en Diputación, acaso a esconder los recortes?”, han planteado desde el grupo socialista en la corporación. Los socialistas han acusado además al Partido Popular de instrumentalizar a los efectivos policiales como “escoltas particulares” de sus propias paranoias, en lugar de verlos como garantes de la seguridad de todos. “En el PP están más interesados en defenderse ellos mismos de no sabemos qué, que en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, han añadido.

Estas medidas, que los socialistas consideran más propias de estados de emergencia, sólo contribuyen a distanciar a los ciudadanos y a los municipios de la Diputación Provincial, así como a amedrentar a los propios trabajadores de la institución, “hacia los que están demostrando una ausencia absoluta de diálogo”, han lamentado.

De hecho, medio centenar de empleados de la Diputación han protestado esta mañana de forma pacífica en la sesión plenaria contra los recortes y contra el despilfarro en cargos de confianza, en publicidad, en propaganda y en autobombo del propio presidente de la corporación y del PP, Sebastián Pérez. “Si quieres comer jamón pídele a Sebastián un talón”, se podía leer en algunos de los carteles, que también denunciaban gastos en publicidad y propaganda por valor de 800.000 euros.

La concentración ha transcurrido sin incidentes, a excepción de algunos forcejeos en los accesos al salón de plenos, cuando varios vigilantes de seguridad han intentando identificar a algunos manifestantes.