El taxi metropolitano avanza… pero a paso de tortuga

El Instituto Metropolitano del Taxi ha finalizado el borrador de la ordenanza que regulará la prestación del servicio en el área metropolitana y ahora lo trasladará a los ayuntamientos representados en la Junta Rectora del organismo para que hagan las aportaciones que consideren oportunas antes de iniciar las negociaciones con las asociaciones de taxis.

Según han informado a Europa Press el director de Instituto, Ignacio Pozo, la elaboración de este documento ha llevado meses de trabajo con reuniones en Sevilla a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a fin de incluir todas las exigencias recogidas en el reglamento andaluz del taxi, elaborado y aprobado por la Junta de Andalucía.

La ordenanza andaluza vincula la licencia de taxi a una sola persona y a un solo vehículo, de modo que el titular no podrá arrendarla ni cederla, pudiendo solo transmitirla previa autorización municipal. Además, obliga a los taxis de los pueblos a tener taxímetros y se incluirá la exigencia de una adaptación progresiva de los vehículos para transportar a personas con discapacidad.

El Instituto Metropolitano del Taxi tendrá potestad para controlar que estas medidas se cumplen y para sancionar en caso contrario, según ha añadido Pozo, quien explica que uno de los asuntos que habrá que negociar en el caso de Granada es la aplicación del área territorial de prestación conjunta.

Desde el Instituto ven prioritario que se preste un servicio de calidad al ciudadano, de modo que ningún pueblo se quede sin él y abogan por encontrar fórmulas que eviten que un taxista que lleve a un cliente a un municipio tenga que volver vacío como ocurre ahora, ya que esto también encarece el servicio.

Respecto al rechazo mostrado por los taxistas de Granada a que se abra completamente el área de prestación, de modo que sus compañeros puedan trabajar sin restricciones en la capital, Pozo ha dicho comprender su posición. No obstante, ha sostenido que el actual ratio de taxis por cada mil habitantes en el conjunto de la capital y el área metropolitana da margen para negociar sin lesionar los intereses de los distintos sectores de taxistas.

“Creemos que con buena fe se puede alcanzar un acuerdo satisfactorio que garantice la calidad del servicio”, ha aseverado Pozo. Las partes tienen de plazo hasta junio de 2013 para aprobar esta ordenanza de acuerdo a los plazos fijados para todos los municipios de Andalucía desde que el pasado marzo entrara en vigor la normativa andaluza y el documento en cuestión no deberá pasar ningún filtro jurídico ni consultivo.