La Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de falsedad documental y otro de estafa a tres empresas de transportes de las que era administrador, por contratar de manera fraudulenta a cinco conocidos y cobrar las nóminas que les correspondían.
Junto al acusado, Antonio V.J., la Audiencia de Granada juzgará a su mujer y otros cuatro allegados, los cinco de nacionalidad colombiana, a los que el autor de los hechos gestionó de manera fraudulenta contratos laborales de diferente duración para estafar a las empresas y quedarse con el importe de sus nóminas.
El principal acusado trabajaba como administrativo de las empresas Transportes Rober, Alhambra Bus y Herederos de Gómez, dedicadas al transporte de pasajeros, y aprovechó la confianza de sus propietarios y las claves de acceso a la confección de documentos para simular contratos.
Según consta en el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, Antonio V.J., “ante las dificultades económicas derivadas de su situación personal, empleó su posición y facultades en la administración de las empresas para simular contratos, dándolas de alta en la Seguridad Social y emitiendo nóminas que el acusado hacía propias”.
El acusado contrató a su mujer, dos sobrinos de ésta y dos amigos, “todos de común acuerdo y en colaboración”, a los que pagaba aproximadamente 200 euros mensuales y el beneficio de los días de cotización en la Seguridad Social.
El acusado domicilió el importe de las cinco nóminas en tres cuentas corrientes abiertas por él mismo, en las que estaban además autorizados el resto de acusados.
La contratación fraudulenta de los cinco acusados supuso un coste a las empresas de transportes de 142.095 euros y permitió un desembolso en concepto de nóminas, que se transfirió a las cuentas de Antonio V.J., de 93.166 euros.
La Fiscalía ha solicitado para el principal acusado tres años de prisión por un delito de falsedad en documentos mercantiles y otros cinco años de cárcel por un delito de estafa continuada, a lo que suma 8.100 euros de multa.
Para los cinco acusados restantes, considerados por el Ministerio Fiscal como cooperadores necesarios, la pena solicitada es de dos años de cárcel por cada uno de los delitos y una multa de 4.320 euros.
Los seis acusados serán juzgados el próximo 25 de octubre en la sala Segunda, tendrán que indemnizar de manera conjunta a las empresas estafadas con 142.095 euros y las penas de prisión serán sustituidas por la expulsión del país durante diez años para los acusados que no residan legalmente en España.