El exvicepresidente de IU en la Diputación de Granada Julio Bernardo ha asegurado hoy que su gestión en relación con la feria celebrada durante su mandato en Marruecos, y cuya contratación se investiga ahora judicialmente, estuvo apoyada en los técnicos y los funcionarios de la institución provincial.
Bernardo, que ha comparecido en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, ha declarado que en la mesa de contratación eran los informes de los técnicos “los que valían” y que eran ellos los que decían “lo que se podía o no se podía hacer”.
Al ser preguntado por el fundamento legal por el que se decidió adquirir compromisos de pago en nombre de Diputación con algunas empresas ha respondido precisamente que “no es técnico” para conocer eso y ha insistido en que nunca “ordenaba ni dejaba de ordenar” un expediente de abono, que los funcionarios eran responsables.
Según consta en su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Bernardo, que además de vicepresidente de Diputación estaba al frente de Cultura, Juventud y Cooperación Local, ha mantenido que de todas las contrataciones se hicieron cargo el jefe de servicio y el de sección, dado que él “ni física ni materialmente” se podría encargar de esos temas.
“Nunca ordenaba ni dejaba de ordenar la iniciación de un expediente, eran los funcionarios, jefe de servicio, jefe de sección, los responsables de que todo eso se hiciera”, ha expuesto este imputado, quien ha añadido que, pese a los problemas surgidos durante la organización, no suspendió la feria “por el perjuicio” que se podría causar a las empresas y a la Diputación.
En este sentido, ha explicado que, si la feria no llegaba a hacerse, se les hubiera presentado “un problema de imagen” con las empresas granadinas que tenían comprometidos encuentros con empresas marroquíes.
“La Diputación intentó por todos los medios que se desarrollara el proyecto”, ha insistido Bernardo, quien ha admitido que en un momento determinado tuvo que tomar la “decisión política” de continuar con la misma y asumir el adelanto de algunos pagos.
“Asumir ese pago se convierte en una decisión política. No es verdad que se pudieran perder los fondos públicos”, ha reiterado Bernardo, al tiempo que ha declarado que fue informado de la supuesta legalidad de la operación.
Por otra parte, ha señalado que en la documentación incorporada por la Diputación, actualmente gobernada por el PP, echa en falta abundante documentación en los expedientes y que sólo se ha aportado “lo que le interesa al partido en el Gobierno”.
A su llegada a los Juzgados de La Caleta, Bernardo ha estado arropado por un grupo de simpatizantes de IU que le han recibido con aplausos junto al coordinador provincial de la formación y delegado de Fomento de la Junta, Manuel Morales.
Morales ha respaldado “de forma contundente” la gestión de IU en su etapa en la Diputación y ha salido al paso de lo que ha considerado una “campaña de difamación” del PP pagada con dinero público y con fines exclusivamente partidistas y sectarios.
Para el coordinador, no hay duda de la inocencia de Bernardo y de su equipo, lo que se ponen de manifiesto, en su opinión, en que ni la propia Fiscalía esté participando en este caso como acusación.