La vicepresidenta primera y diputada delegada de Fomento y Obras Públicas, Luisa García Chamorro, ha denunciado que, entre 2007 y 2011, el PSOE “repartió” exclusivamente entre 10 empresas 200 obras de la Diputación de Granada, por un importe superior a los 30 millones de euros. Según ha explicado García Chamorro, tres de estas empresas están vinculadas directamente con el PSOE, al estar gestionadas por actuales cargos y ex dirigentes socialistas.
Así respondía el gobierno de la Diputación a la denuncia del PSOE que el día anterior había denunciado que el gobierno provincial está contratando solo con allegados a sus propios cargos, como se puede consultar en este enlace. Según por portavoz socialista, Gerardo Sánchez se adjudicaron dos obras a una empresa de un candidato del PP en Cogollos, municipio en el que es alcalde Eduardo Martos, actual coordinador de Fomento y Obras Públicas en Diputación. Los socialistas piden la apertura de forma inminente de una comisión de investigación.
El PP ha respondido hoy con un ataque y García Chamorro ha puesto como ejemplo de su denuncia el caso del alcalde socialista de Albondón, “un alcalde que se metió a constructor y que durante los últimos cuatro años de mandato socialista ejecutó 18 obras con la Diputación Provincial por un importe de casi un millón de euros”. “O a lo mejor lo que el PSOE quiere es que sigamos contratando a empresas cuyo director de Desarrollo para Instituciones Públicas es el ex alcalde socialista de Guadix y ex diputado provincial, Antonio Avilés, a la que se le adjudicaron obras por valor de 536.000 euros; o a la empresa cuyo gerente era un ex vicepresidente socialista de la Diputación y que facturó obras por 850.000 euros”, detalló la vicepresidenta primera.
Según una nota oficial de la Diputación, “Frente a estas “irregularidades” en la contratación de obras durante el mandato socialista, Luisa García Chamorro defendió que, con el actual Gobierno provincial, “la Diputación está abierta a todos los constructores de la provincia y ha dejado de ser un coto cerrado a la hora de contratar las obras, siendo la Ley de Contratos de la Administración Pública el único criterio que seguimos en los procedimientos de adjudicación”. En este sentido, señaló que los datos “hablan por sí solos” y adelantó que, en los últimos doce meses, la Diputación ha adjudicado 88 obras en la provincia, por un importe total de 11 millones de euros, a 44 empresas, “cuatro veces más de las que se vieron beneficiadas bajo el Gobierno socialista en la Institución Provincial”.
Respecto a las denuncias que ayer vertía el grupo socialista contra la persona de Eduardo Martos, alcalde de Cogollos de Guadix, sobre supuestos “beneficios” a determinadas empresas en la contratación de obras sirviéndose de sus responsabilidades como coordinador de Fomento y Obras Públicas, el propio Martos anunció que interpondrá una querella criminal por injurias y calumnias contra Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Gamarra y Manuel Gómez Vidal al considerar “que han lesionado mi honor y desarrollo profesional”. Martos ha aclarado que, desde julio de 2011 hasta mayo de 2012, ocupó el cargo de coordinador del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y no de Fomento y Obras Públicas, “como ha mentido el PSOE”. “Una vez concluido ese trabajo en el PFEA, se me encomienda desde el equipo de Gobierno llevar a cabo la coordinación del área de Fomento y Obras Públicas. Mis labores en el PFEA no tienen nada que ver en absoluto con Obras y Servicios, nada en absoluto que ver con la contratación, adjudicación ni la propuesta de ningún tipo de empresa”, apostilló.
Igualmente, Eduardo Martos defendió que el procedimiento que se realiza desde el área de Obras Públicas en la contratación de empresas es “transparente y se ciñe a la legalidad de la Ley de Contratos de la Administración Pública”. “Mientras los señores del PSOE intentaban asesinar mi vida como político y lacrar mi persona, yo estaba atendiendo en mi despacho a una empresa del municipio de Santa Fe, que casualmente me contó que había realizado muchas obras con José María Aponte, ex diputado provincial de Economía y concejal en el Consistorio santaferino, colaborando con ellos, en aquel momento, una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Fe, edil que había retirado su apoyo al señor Aponte y su equipo de Gobierno. Tras producirse esa ruptura, la empresa que había realizado la mayoría de las obras en el Ayuntamiento de Santa Fe deja de ser adjudicataria de obras. Ése parece que es el doble rasero del PSOE en la contratación de obras”, advirtió el alcalde de Cogollos de Guadix.
Por su parte, Luisa García Chamorro aseguró que el PSOE, una vez más, vuelve a hacer “el ridículo más monumental” al “manipular” datos con el único fin de dañar la imagen del alcalde de Cogollos de Guadix, quien no era coordinador de Obras en ninguna de las adjudicaciones de obras denunciadas por los socialistas. Así, lamentó que tres diputados provinciales, dos de ellos ex alcaldes y otro ex delegado de Hacienda, que ganan más de 50.000 euros al año, “no sepan ni leer, al confundir e imputarnos un supuesto beneficio en la adjudicación de una obra en Beas de Guadix por 83.135 euros, cuando en realidad son 35.135. Por lo menos, si mienten, que no sean torpes y no alteren los datos que dan”.
En relación con esta obra de Beas de Guadix, García Chamorro informó que fue la propia alcaldesa, del PSOE, la que recomendó mediante un escrito la contratación de la empresa “supuestamente beneficiada por este equipo de Gobierno”. “Vemos que no nos podemos fiar de las empresas que nos proponen los alcaldes socialistas, por lo que a partir de ahora haremos caso omiso de sus recomendaciones, para evitar que después sus compañeros de filas en la Diputación nos acusen de enchufismo y clientelismo”, criticó.
Respecto a la obra por valor de 100.000 euros también adjudicada a esta empresa, la diputada delegada de Fomento y Obras Públicas aclaró que el procedimiento se hizo negociado, invitando a tres empresas, “como marca la ley”. “Obra que finalmente no se ejecutó, como bien sabe el PSOE pero oculta malintencionadamente, por imposibilidad económica para hacer frente a la expropiación de terrenos, no como hacía el PSOE siguiendo el ejemplo de sus compañeros en el Gobierno central en relación con la A-7 que ejecutaba las expropiaciones, pero no las pagaba”.
Por último, desmintió la “defensa” que hacía el PSOE sobre que, bajo su mandato, las propuestas para contratar las hacían los propios técnicos de la Institución. “Tenemos constancia de que el que fuera subdirector del área de Obras y Servicios, Juan Rodríguez, colocado a dedo por el PSOE, propuso por escrito la contratación de obras en esta casa”, explicó García Chamorro, quien instó al grupo socialista a que en su próxima comparecencia “no esconda los documentos que desmienten sus falsas acusaciones en el cajón, porque la evidencia de su ineptitud y mala fe empaña la labor de oposición seria que quieren vender a la ciudadanía”.