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Abre la oficina de intermediación contra los desahucios de la Junta
La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en funcionamiento hoy en Granada la oficina de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema.
La apertura de estos puntos de atención ciudadana, presentes en todas las provincias andaluzas, forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera Elena Cortés en el Parlamento. Esta iniciativa es especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad que supone, ya que rompe la neutralidad de la administración ante este drama social.
El delegado provincial de Fomento y Vivienda, Manuel Morales, ha destacado que este servicio “atiende una necesidad evidente, como lo demuestra el hecho de que antes de esta apertura oficial ya hemos recibido varios casos de familias afectadas por problemas de vivienda a los que hemos asesorado”. Asimismo, ha comentado que en Granada se trabajará “muy estrechamente” con los colectivos sociales, como Stop Desahucios, puesto que “tienen un gran calado en toda la provincia y que suponen un gran aliado en la protección de las familias con problemas para mantener su vivienda”.
Para Morales, las principales funciones de este instrumento pionero serán la de asesoramiento e información, “porque en muchos casos las familias llegan a situaciones que se podrían haber evitado de haber dispuesto de los conocimientos y herramientas jurídicas necesarias”.
De hecho, esta oficina, que desde esta mañana atiende ya a familias afectadas, cuenta con un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería. Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano. El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.
