El Pleno del Ayuntamiento de Huétor Tájar ha aprobado una moción, a instancias del grupo socialista, en la que acusan a la Diputación de Granada de “imponer sus propias empresas” para ejecutar todas las obras que se realicen en el municipio y que estén incluidas en el Plan de Obras y Servicios de la institución provincial.
Debido al nuevo Reglamento Regulador de este plan, que se aprobó el pasado 14 de septiembre, será la Diputación quien decida a qué empresas contrata para realizar las obras, “en detrimento de las empresas locales, que se verán seriamente afectadas por esta injusta medida y verán cómo aumenta aún más el paro en el municipio”.
El nuevo reglamento de la Diputación, que sustituye a otro anterior del año 2007, impide a los ayuntamientos ejecutar las obras por administración. Es decir: no pueden contratar a albañiles en paro ni a empresas del municipio, algo inconcebible cuando el Ayuntamiento aporta el 38% de la financiación de la obra. “La aplicación de este nuevo reglamento es, a todas luces, injusta, porque priva a las administraciones locales de una magnífica herramienta para generar empleo a nivel municipal y dinamizar las pequeñas empresas locales”, señala el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado Ayén.
Trabajadores de fuera
La moción, aprobada por el pleno con los votos a favor del PSOE y UPYD y la abstención del Partido Popular, considera que la nueva normativa de la Diputación “representa una invasión en las competencias municipales en materia de gestión de recursos y de contratación administrativa”. En la práctica, señala el primer edil hueteño, “supondrá que, habiendo cientos de albañiles que están en paro y son vecinos del municipio, cuando se ejecuten las obras de Planes de Obras y Servicios será la Diputación la que contrate gente de fuera, en perjuicio de los trabajadores o empresas del municipio”.
El texto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Huétor Tájar pide a la Diputación que proceda a la “revisión urgente” del nuevo Reglamento Regulador del Plan de Obras y Servicios, para permitir “como hasta ahora” que los ayuntamientos puedan ejecutar las obras por administración, “donde el beneficio queda en el municipio”.
Además, se solicita a la institución provincial que los remanentes que se generen por las bajas producidas en las adjudicaciones de las obras se reinviertan en los propios municipios donde se producen, “y que ese dinero no sea para la Diputación, sino para el Ayuntamiento para el que iba dirigido”, destaca el alcalde.